Los programas sociales no llegan a los estados más inseguros

“Lo que sí necesitamos son programas que identifiquen las causas del delito, que se anticipen a la ocurrencia de los delitos, que construyan inteligencia y que ayuden a sancionar esos delitos, así como reinsertar en la sociedad a las personas”, afirmó Rivas.

El experto en temas de seguridad sostuvo que está demostrado que, a mayores tasas de incidencia delictiva en una entidad, menores son las tasas de beneficiarios de programas sociales.

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“Ser pobre para este gobierno significa ser un delincuente potencial y se dejan a un lado los factores causales, situacionales, locales, que influyen en esa violencia”, destacó.

De acuerdo con el estudio, la política de prevención del delito del presidente Andrés Manuel López Obrador ha confiado demasiado en que los programas sociales serán la piedra angular de la transformación del panorama delincuencial del país. Sin embargo, el diseño y operación de esos programas no cuentan con la visión de una política de Estado en materia de seguridad.

El Observatorio indicó que a prácticamente dos años de iniciado el gobierno de López Obrador, la política de seguridad muestra incongruencias entre el discurso y los hechos. Para Rivas, es esta falta de coherencia lo que generará que 2020 se convierta en el año más violento de la historia reciente del país.

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Criticó que hasta ahora no hay ningún cambio de paradigma en la estrategia de seguridad, la cual se intenta atender con “menos recursos y de manera más confusa”.

“Predominan la inercia, el desorden, la improvisación y esto se transforma en un desperdicio de recursos, en violación a los derechos humanos, en violencia, en impunidad”, destacó.

Desde que inició la actual administración hasta el pasado 30 de octubre, en México se reportaron 68,594 muertes violentas (66,736 homicidios dolosos y 1,858 feminicidios), de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Francisco Rivas consideró que la Estrategia Nacional de Seguridad Púbica desatiende las promesas que hizo el presidente López Obrador a los votantes en el proceso electoral de 2018, como la militarización del país y encargarles a las fuerzas armadas la seguridad pública.

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Mencionó que hasta ahora, la comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió entre enero y septiembre de este año 237 quejas de violaciones a las garantías individuales de parte de elementos del Ejército y 209 de la Guardia Nacional.