La ASF 'jala las orejas' al Insabi: ve falta de reglas y de entrega de recursos

Si bien el Insabi nació apenas a inicios de 2020 y la Cuenta Pública es de 2019 —el primer año de gobierno completo del presidente Andrés Manuel López Obrador—, la ASF señaló que hasta agosto de 2020, cuando se realizó el análisis, aún no tenía reglas.

"A la fecha de la auditoría (agosto), el Insabi no cuenta con su Estructura Orgánica ni con sus manuales de Organización y Procedimientos; asimismo, las Reglas de Operación del Fondo de Salud para el Bienestar (FSB) se encuentran en proceso de la opinión favorable por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la autorización del Comité Técnico del FSB, no obstante de que ya concluyó el plazo establecido para su emisión", advirtió el organismo.

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De acuerdo con la ASF, a la fecha cuando se emitió el dictamen —12 de octubre de 2020—, faltaba la integración de los beneficiarios de 59,571 casos de intervenciones con estatus de "pagado" con recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, ya que solo se proporcionó la base de datos de las 72,297 intervenciones que fueron autorizadas para su financiamiento. Tampoco se formalizó el acta de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración formalizado con la Fucam, AC, para la prestación de servicios médicos hospitalarios de intervenciones consideradas como gastos catastróficos.

Hasta agosto, el Insabi también tenía pendiente transferir a unidades médicas y prestadores de servicios médicos 324.7 millones de pesos correspondientes a 12,726 casos de intervenciones, dentro de las cuales se encuentran 412 por 39 millones 383,500 pesos del Instituto Nacional de Pediatría y 1,713 por 124 millones 750,100 pesos del prestador de servicios Fucam.

La revisión de la ASF señala en específico seis irregularidades.

1. A la fecha de la auditoría (agosto), el Insabi no contaba con Estructura Orgánica ni con manuales de Organización y Procedimientos.
2. Las Reglas de Operación del Fondo de Salud para el Bienestar estaban en proceso de opinión por parte de Hacienda y de autorización del Comité Técnico del fondo, aunque ya concluyó el plazo establecido para su emisión.
3. No contaba con la integración por beneficiario de 59,571 casos de intervenciones con estatus de "pagado", ya que solo se proporcionó la base de datos de las que fueron autorizadas de manera global para su liquidación.
4. En 10 oficios para realizar el trámite para la transferencia de recursos por concepto de intervenciones, no se incluyó el reporte emitido por una unidad médica en el que se detalle el periodo de validación, así como el número del acuerdo del Comité Técnico mediante el cual se autorizaron los recursos para las intervenciones con cargo al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
5. La Dirección General de Financiamiento (DGF) no utilizaba el Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos (SIGGC) para el registro de las intervenciones por pagar y pagadas, por lo que no se contaba con la información.
6. De la revisión efectuada a una muestra de 201 expedientes clínicos pertenecientes a pacientes de una unidad médica y de un prestador de servicios médicos de la Ciudad de México, se determinaron deficiencias en su integración.

El Fondo de Salud, bajo la lupa

En lo que respecta al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, se planteó que en 2019, mediante el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS), se aplicó un monto de 5,510.6 millones de pesos por medio del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), para cubrir el pago de 66,417 intervenciones. Estas incluyeron tratamientos, medicamentos e insumos para diagnósticos asociados a los mismos, que fueron considerados gastos catastróficos por el Consejo de Salubridad General.

Sin embargo, el Insabi, como causahabiente de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, no acreditó los efectos de la aplicación de recursos para apoyar económicamente a los beneficiarios que padecieron enfermedades que implicaron gastos catastróficos.

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Aunado a eso, la ASF señaló que las Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, actualizadas y autorizadas por el Comité Técnico el 28 de junio de 2019, presentaron deficiencias, pues no definieron de manera precisa a la población objetivo. Tampoco incluyeron criterios para que los responsables ajustaran las modalidades de la operación del fideicomiso o decidieran sobre su cancelación, y no se incluyeron procedimientos para realizar registro y utilización de los recursos provenientes de las aportaciones adicionales.

En tanto, se asignaron 10,400.1 millones de pesos para el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos, los cuales representaron 5.9% de los recursos de la cuota social y las aportaciones solidarias, lo que fue inferior en 2.1 puntos porcentuales al 8.0% establecido en la Ley General de Salud (3,599,803.2 miles de pesos menos de 13,999,999.1).

"Los 3,599.8 mdp que no se transfirieron al FPGC pudieron significar la realización de 21,759 cirugías de cáncer de mama, conforme al tabulador del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos de 2019 para esa intervención", señaló la ASF.

El órgano también advirtió que, de las 64,568 intervenciones validadas por las unidades hospitalarias para ser apoyadas con el FPGC, el Comité Técnico del FSPSS únicamente autorizó 59.2% (38,213 intervenciones), por un monto de 1,964.3 millones de pesos, los que representó 64.0% de los 3,068.9 millones que sufragaron dichas unidades médicas en la atención de los beneficiarios del SPSS. En tanto, 40.8% (22,919 intervenciones) quedó pendiente de autorización y 0.7% (440 intervenciones) no fue autorizado.

En cuanto al desarrollo de la infraestructura de alta especialidad y de nuevas tecnologías, en 2019, el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud no autorizó apoyos financieros para estos proyectos, a pesar de que en el Plan Maestro de Infraestructura 2019 se registraron ocho para el desarrollo de infraestructura de unidades hospitalarias que proporcionaron servicios de alta especialidad.

Al respecto, la ASF recomendó al Insabi fortalecer el diseño y la operación del Fondo de Salud para el Bienestar, así como establecer sistemas de información para la aplicación eficaz y eficiente de los recursos para financiar la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos; la atención de las necesidades de infraestructura, preferentemente, en las entidades con mayor marginación social, y complementar los recursos destinados al abasto y la distribución de medicamentos y demás insumos, así como para evaluar el cumplimiento de los fines del fideicomiso.