Durante 2019, 88.8% de las defunciones (663,902) se debió a enfermedades y problemas relacionados con la salud, mientras que 11.2% (83,882) se debió a causas externas, tales como accidentes (33,524), homicidios (36,661), suicidios (7,223) y eventos de intención no determinada (6,376). Estos últimos se caracterizan porque el certificante del fallecimiento manifiesta carecer de elementos para clasificar la defunción en alguna categoría.
En ese contexto, los decesos por COVID-19 no solo superan a los causados por tumores malignos, sino también a los derivados de enfermedades del hígado e, incluso, representan tres veces los generados por agresiones y homicidios, que ocupan el quinto lugar con 36,661 registros en 2019.
El análisis de la mortalidad es un ejercicio que lleva tiempo, ya que se toman los registros de defunciones generados a partir del certificado de defunción, los cuales son suministrados por las Oficialías del Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses o sus equivalentes en las entidades (fundamentalmente, para defunciones de tipo accidental o violento).
Esos registros se complementan con las actas de defunción, que son suministradas por las Oficialías del Registro Civil, y también con los cuadernos estadísticos de mortalidad, elaborados por las agencias del Ministerio Público.
