A prácticamente de cuatro años de haber entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal, expertos de México Evalúa advirtieron sobre el riesgo de una contrarreforma que representaría un retroceso para la justicia en México.
Durante la presentación del reporte “Hallazgos 2019”, la directora de ese centro de análisis, Edna Jaime, aseguró que, si bien el sistema penal acusatorio aún tiene deficiencias, es necesario defenderlo, particularmente del "populismo penal".
“El sistema de justicia penal no es perfecto, pero regresar al sistema anterior no es opción”, advirtió.
Afirmó que la inseguridad y la violencia se han estacionado en niveles alarmantes y así lo demuestra el hecho de que 3 de cada 10 mexicanos fueron víctimas de delitos en 2018, por lo que las autoridades en lugar de ver qué está fallando del nuevo sistema penal, impulsan medidas que van en contra del espíritu de ese sistema como lo es la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva.
Casi 3 de cada 10 mexicanos fueron víctimas de algún delito en 2018. Ante la desesperación de la ciudadanía, las autoridades impulsan el populismo penal, en lugar de analizar seriamente dónde están las fallas del sistema de justicia para fortalecerlo: @EdnaJaime #Hallazgos pic.twitter.com/jxi0S7zJNy
— México Evalúa (@mexevalua) October 22, 2020
La también especialista en políticas públicas consideró que en el Poder Legislativo los defensores del “populismo penal" pretenden modificar al sistema de justicia por lo que han presentado 352 iniciativas, desde que arrancó la LXIV Legislatura, varias de las cuales incluso podrían representar una contrarreforma a lo aprobado en 2008.
Detalló que, de acuerdo con un análisis realizado por México Evalúa, el 3% de esas reformas proponen cambios al proceso penal, el 7% buscan modificar las facultades de los operadores del sistema, 26% de las propuestas asocia el problema del sistema con los derechos de las víctimas e imputados y el 64% de las iniciativas propone modificar el tipo penal.
“El aumento de la prisión automática no ha logrado contener la inseguridad, sí ha agravado la violación de derechos humanos, aun así la locomotora legislativa avanza con una mayor carga de contrarreformas y propuestas para reducir garantías y libertadas, pero escasas soluciones reales”, afirmó.
Jaime Treviño se pronunció por la defensa del sistema penal acusatorio, que, si bien aún tiene grandes desafíos, ha logrado avances tanto para víctimas como para imputados.
“El riesgo de una contrarreforma de la justicia penal está latente hoy más que nunca. Debemos defender el nuevo modelo de justicia penal porque respeta la presunción de inocencia”, afirmó.
Destacó que hay que rechazar con datos y argumentos el populismo penal y las iniciativas de regresión a un sistema inquisitorio y autoritario, educar sobre las ventajas del sistema aprobado en 2008, defender al nuevo sistema señalando sus ventajas y áreas de oportunidad para volverlo más eficaz.
En su oportunidad, el periodista Mario Campos calificó como “muy preocupante” la beligerancia que hay hacia el sistema de justicia penal acusatorio.
El académico del Centro de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Tito Garza Onofre, afirmó que la transformación de México no va a ocurrir hasta no funcione el sistema de justicia.
“El populismo penal al final del día puede ser una solución a corto plazo, para levantar un aplauso y para ganar una elección, a largo plazo esto nos va a llevar a un cuello de botella, a que tarde que temprano el sistema se quede estancado y empiece el retroceso”, advirtió.
La coordinadora del programa de Justicia de la organización México Evalúa, Mara Gómez, aseguró que existen grandes áreas de oportunidad para el nuevo sistema; sin embargo, también hay avances importantes que representan una esperanza de alcanzar una mejor calidad de justicia.
Entre algunas de las limitantes que enfrenta el sistema son los recursos, pues de los 172,036 millones, el 52% se asignó a secretarías de seguridad pública, 25% a fiscalías generales, 21% a poderes judiciales, mientras que a las defensorías y a la atención ejecutiva de atención de víctimas 1%, a cada una.
Otra de las limitantes es la carga de trabajo, pues un defendedor de oficio llega a tener hasta más de 500 casos, aunque el promedio nacional es de 163. Otro más es que cada asesor jurídico llega a atender hasta 95 víctimas.
#Hallazgos ¿Cuál es la carga de trabajo en materia de derechos humanos?
— México Evalúa (@mexevalua) October 22, 2020
🗃️Cada defensor público representa, en promedio, a 163 imputados. (En Oaxaca 556 y en CDMX 369)
🗄️Cada asesor jurídico defiende a 95 víctimas (En Baja California 507 y en Sonora 425) https://t.co/v80KlA8Qcr pic.twitter.com/6WePjWK4cp
El índice de impunidad, sin considerar la cifra negra, alcanza el 92.4%, aunque hay estados como Guerrero y Sinaloa, en los que se alcanza hasta el 98.4 y 99%, respectivamente.
Entre los avances, afirmó que el tiempo para recibir una sentencia se ha disminuido considerablemente, en promedio la duración es de 291 días.
También reconoció que se han recurrido a medios de justicia alternativa, medidas cautelares en libertad y se han evitado que todos los detenidos lleguen a la cárcel, aun siendo inocentes, pues los jueces han calificado como ilegales el 27.9% de las detenciones.
