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16 datos que exhiben los pendientes del Sistema Penal en México

México Evalúa estudió cómo ha funcionado el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Querétaro y Guanajuato. Detectó violaciones a derechos humanos tanto de las víctimas como de los imputados.
sistema penal
Víctimas y prisiones. México Evalúa detectó deficiencias en el respeto, protección y garantía de derechos de los usuarios del Sistema de Justicia Penal en Querétaro y Guanajuato.

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- Deficiencias en los mecanismos de asesoría, atención y reparación integral a las víctimas son los principales vacíos que tiene el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, según lo reflejó un estudio de caso realizado por México Evalúa en Guanajuato y Querétaro.

El reporte Derechos de los usuarios en el sistema de justicia: ejercicio exploratorio es un primer ejercicio de medición del respeto a los Derechos Humanos en el Sistema Penal mexicano. Se realizó con 346 entrevistas a víctimas y personas privadas de la libertad, sentenciadas por diversos delitos, en cárceles y centros de atención a víctimas, en julio y agosto de 2018.

Según México Evalúa, el Sistema Penal Acusatorio lleva 11 años intentando consolidarse y garantizar los derechos de las víctimas e imputados. ¿Lo ha logrado? Esto fue lo que encontró la organización:

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De las víctimas

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1. Solo uno de cada 10 de delitos se denuncia y la mitad de los denunciantes se siente satisfecha con el trato de la autoridad al hacerlo.

2. Las víctimas son invisibilizadas en el Sistema Acusatorio incluso más que en el tradicional. Del total de víctimas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) entre 2014 y 2016, solo 4% accedió a algún apoyo.

3. En Querétaro y Guanajuato, cuatro de cada 10 víctimas declararon sentirse en riesgo o amenazadas durante el proceso y haber solicitado medidas de protección, pero no existe información para determinar si dichas medidas fueron adecuadas.

4. Ni Querétaro ni Guanajuato garantiza el derecho a que las víctimas se comuniquen con un familiar y sean asesoradas por un abogado al denunciar. Solo 41% de las víctimas declaró que se le ofrecieron facilidades para hacerlo.

5. De las víctimas que sufrieron alguna lesión física o afectación emocional, solo 58% manifestó haber recibido la atención médica y psicológica a la que tiene derecho.

6. A pesar de que cuatro de cada 10 víctimas manifiestan se dijeron a favor de acortar el proceso penal, solo 13% solucionó su conflicto mediante un mecanismo alternativo o acuerdo reparatorio.

7. El registro de víctimas es casi inexistente y, en todo caso, impone restricciones y lentitud que obstaculizan el reconocimiento de la condición de víctima. Los registros y los fondos no están alineados con los incentivos para la reparación del daño.

8. Se identificaron casos en los que las víctimas dijeron no estar de acuerdo con la tipificación que las autoridades hicieron del delito.

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De los imputados

9. Menos de la mitad de los imputados dijo haber sido tratado como inocente hasta que se le dictara una sentencia, lo que revela que no se garantiza la presunción de inocencia.

10. Las mayores violaciones a los derechos humanos suceden en las horas inmediatas siguientes a la detención. Este momento también es el más crítico para que se cometan actos de corrupción.

11. Únicamente 44% de las personas sentenciadas fueron presentadas ante un Juez de Ejecución al ser privados de la libertad, mientras que 45% nunca han acudido ante él.

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12. Solo el 19% de los imputados pudo contactar a un abogado al ser presentado ante el Ministerio Público.

13. El 63% de imputados declaró haber sufrido algún tipo de violencia física durante el arresto. Las más frecuentes fueron patadas o puñetazos (59%) y golpes con objetos (39%).

14. Los derechos menos respetados a los imputados fueron tener una consulta en privado con su defensor y permitir comunicarse con algún familiar, amigo o abogado.

15. Un 20% de los sentenciados reportó que las autoridades ejercieron presión en algún momento del proceso para obtener información. La policía y el Ministerio Público fueron las autoridades más señaladas como responsables de esas conductas.

16. Prácticamente todos los entrevistados reportaron que el juez estuvo presente en las audiencias, pero solo seis de cada 10 casos dijeron que el juez se aseguró de que el imputado comprendiera el proceso.

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