La UIF investiga a Ricardo Anaya, confirma Santiago Nieto

Al ser cuestionado por reporteros sobre las investigaciones y denuncias en torno al caso del exdirector de Pemex, él mismo sujeto a procesos penales, Nieto señaló que la UIF ya inició una nueva carpeta en la que se hace referencia a las personas físicas y morales que menciona Lozoya en su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

"La unidad está haciendo una investigación de estas 70 personas para ver si existe alguna actividad irregular y, en su caso, presentar la información ante la fiscalía", dijo.

Nieto agregó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) también le solicitó información de este caso.

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"Estamos integrando la información respectiva. Seguimos operando en el análisis de las 70 personas denunciadas en la declaración de hechos", reiteró.

La investigación de la UIF se da a conocer un día después de que Anaya anunciara en redes sociales que volverá a la vida pública del país para hacer frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien fue su contrincante en las elecciones de 2018.

"Me alejé de la política porque creí que era correcto darle espacio a quien ganó la elección. Pero la misma razón que me llevó a alejarme ahora me trae de regreso", expresó el panista.

En la denuncia de hechos de Lozoya, se acusa que Anaya, como diputado federal, supuestamente recibió sobornos del gobierno del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018) para votar a favor de las reformas estructurales.

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Anaya niega que haya sido así e incluso presentó una demanda contra Lozoya alegando daño moral porque se le vincula con actos de corrupción. Sin embargo, la demanda fue desechada la semana pasada por un juez federal.

Este martes, Nieto dijo que en el caso de Lozoya la UIF ha procedido al congelamiento de 14 cuentas bancarias relacionadas con transferencias hechas por las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México.

También indicó que la UIF ha presentado cinco denuncias relacionadas con el caso de Lozoya. Adelantó que se prepara una sexta, que tiene que ver con el pago de 3,000 millones de pesos de Pemex a Odebrecht para la supuesta contratación de servicios, convenio que serviría para triangular recursos en una operación semejante a la llamada "Estafa maestra".