El 6 de julio, el órgano internacional aprobó la declaratoria sobre el caso de la guardería, con lo que ahora conocerá y analizará los hechos para determinar si el Estado mexicano ha incurrido en violaciones de derechos humanos.
Con esto, las familias de las víctimas del incendio buscan que la CIDH emita recomendaciones a México para concretar el acceso a la justicia y la no repetición.
"Durante más de 11 años, las familias de los niños y las niñas han emprendido una lucha incansable por la verdad, la justicia y la no repetición de hechos tan dolorosos como estos (...) Por otro lado, las familias han exigido la investigación y sanción penal a todos los actores responsables, incluyendo a funcionarios de alto rango y particulares, reconociendo las causas estructurales del incendio", indicó el Centro Prodh en un comunicado.
La organización civil también recordó que, por años, las familias han señalado que el incendio, ocurrido el 5 de junio de 2009, no fue un siniestro "imprevisible", sino el resultado de fallas estructurales en el sistema de subrogación de las estancias infantiles, pues este sistema convirtió el cuidado de los niños en un negocio, provocando el incumplimiento generalizado de estándares de seguridad.
