Andrea Méndez, directora de Fundación Forge, explicó que la inclusión de los jóvenes en la economía es indispensable para detonar crecimiento, superar la pobreza y romper la espiral de criminalidad y violencia; sin embargo, fue a los jóvenes a los primeros que corrieron durante la pandemia.
De acuerdo con datos citados por el colectivo en conferencia de prensa virtual, de los empleos formales registrados ante el IMSS que se perdieron en marzo, el 70% fue de jóvenes de hasta 29 años de edad. Si bien la tasa de desempleo a nivel nacional se elevó a 34% en abril, para los jóvenes fue de 41%, mientras que para los no jóvenes (30-64 años) se registró en 28%.
Daniela Dorantes, directora de Servicios a la Juventud (SERAJ), comentó que cargar mayor costo de la crisis para las y los jóvenes compromete negativamente el futuro y el presente, pues incluso antes del COVID-19 y de la crisis económica que derivó, la mayoría de las y los jóvenes que trabajaban carecían de salario suficiente, de contrato estable y de afiliación sindical.
De acuerdo con datos del Observatorio de Trabajo Digno de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, antes del golpe económico derivado por el COVID-19, 9.4 millones de jóvenes ocupados (67%) carecían de ingreso suficiente para cubrir el costo de la canasta básica de una familia de dos personas; otros 9 millones (61%) carecían de afiliación a la seguridad social por su trabajo, y 7.5 millones (63%) con empleo asalariado, no contaba con contrato estable, entre otras situaciones de precariedad.
