De acuerdo con la organización, las ciudades están poco preparadas para situaciones de contingencia, debido a que dan pocas alternativas para sustituir al automóvil particular, la infraestructura es insegura e inaccesible, y faltan sistemas de información, planeación y respuesta inmediata.
El IMCO señala que en 2017, a nivel nacional, solo se destinó 17% del total del presupuesto de movilidad a proyectos que contemplaron el transporte público e infraestructura ciclista, mientras que el Índice de Movilidad Urbana del propio instituto expone que hasta 2019 únicamente 11 de los 32 estados contaban con una ley en la materia que considerara todas las modalidades de transporte.
En el mismo contexto, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) expone que solo entre el 20% y el 23% de los trabajos del país ofrece la posibilidad de realizarse vía remota. La mayoría de ellos está concentrada en los deciles de ingreso más altos, por lo que excluye a los trabajadores de niveles operativos, quienes han sido los más vulnerables durante la crisis, al verse obligados a trasladarse para continuar con sus labores.
Si bien la pandemia ha obligado a repensar la forma en la que las sociedades y los espacios se conectan, las organizaciones civiles subrayan que los sistemas de movilidad urbanos también deben adecuarse, ya que las condiciones de traslado que enfrentan los ciudadanos para realizar sus actividades diarias están ligadas directamente a su calidad de vida y a la manera en la que se desenvuelve una ciudad.
En estas circunstancias, el riesgo de contagio se suma a la lista de problemas por resolver en la llamada "nueva normalidad".
Es necesario diseñar estrategias a corto, mediano y largo plazo que garanticen traslados seguros para la población sin dar pasos atrás en la construcción de ecosistemas de movilidad eficiente y menos dependientes del automóvil particular".
IMCO
