Médicos del ISSSTE piden protección ante un juez y obtienen equipos

Un hospital COVID vulnerable

A principios de abril, el Hospital Presidente Juárez, ubicado en la ciudad de Oaxaca, fue declarado un hospital COVID-19, como parte de las medidas de reconversión de instalaciones sanitarias que implementaron las autoridades federales del sector Salud.

Es decir, este hospital atiende solo a enfermos de coronavirus, sobre todo de la zona metropolitana de la capital del estado, que incluye 22 municipios, entre ellos, San Bartolo Coyotepec y Santa María del Tule.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las ciudades, donde hay mayor población, existe mayor riesgo de contagio.

El 25 de marzo se hizo pública una cartulina que los trabajadores había colocado dentro del hospital exigiendo tapabocas y otras protecciones frente a la pandemia.

Días después, el 2 de abril, ocurrió el primer incidente que demostró la vulnerabilidad en la que se encontraba el personal de ese hospital.

Un paciente, Daniel López Regalado, quien era jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2 de los Servicios de Salud de Oaxaca, diagnosticado con el virus SARS-CoV-2, escupió a dos trabajadores de esa unidad médica.

Por ser servidor público del gobierno estatal, pidió un trato preferencial. Cuando no lo obtuvo, arrojó saliva y tosió en contra de quienes lo atendían. Días después, el gobernador Alejandro Murat dijo que, debido a su conducta, sería removido de su cargo.

Una enfermera eventual criticó que no era justo que se hubiera admitido a un paciente así, que ya había ido “de hospital en hospital”. Denunció que ella, como sus compañeras contratadas en ese esquema, no tiene seguro.

“¿Se imaginan si esa persona llegara a contagiarme a mi o a alguno de mis compañeros de trabajo? No se me hace justo”, escribió en su cuenta de Facebook.

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La vía legal

El 15 de abril, unos 10 días después de que a los trabajadores se les dijera que el Hospital Juárez se reconvertiría para atender solo a pacientes con COVID, los médicos y enfermeras tomaron cartas en el asunto.

De acuerdo con la demanda de amparo, Víctor Cruz Lucas –médico del hospital– y otros trabajadores presentaron un recurso ante un juez federal en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se les dieran las condiciones de seguridad.

“Señalaron como actos reclamados los siguientes: la conducta de omisión por parte de las autoridades responsables, al no cumplir con la obligación de minimizar el riesgo de accidentes y enfermedades por el ejercicio de la profesión u oficio (higiene y prevención) y no proporcionar a los trabajadores de la salud capacitación adecuada en el control de infecciones, así como los equipamientos protectores y vestuario adecuado para hacer frente a la pandemia del virus SARS-Cov-2 (COVID-19), ante la amenaza grave de ser contagiados por tener contacto directo con casos sospechosos y confirmados”, se lee.

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El Juez Noveno de Distrito en Oaxaca, Pedro Gerardo Álvarez Álvarez, les dio la razón y concedió una “suspensión de plano”; así, se ordena a las autoridades señaladas como responsables a que brinden las protecciones al personal, mientras se siguen las audiencias.

Consideró que, en este caso, existían violaciones constitucionales y no se garantizaba el derecho a la salud de los trabajadores.

“Las omisiones reclamadas se estima podrían en grave riesgo la salud de los trabajadores, lo que haría físicamente imposible restituirles en el goce del derecho reclamado”, dictaminó el juez.

Entonces, se ordenó a las autoridades: aplicar las medidas y acciones sanitarias de contención y prevención del COVID-19; proveer los insumos como equipo e instrumental médico, material de protección, seguridad sanitaria, a efecto de que puedan prestar debidamente el servicio, con los mayores estandartes de seguridad para su salud, además de proveer la capacitación y protocolos necesarios a la parte quejosa.

De acuerdo con el expediente 314/2020, se requirió a las autoridades que en 24 horas dieran los insumos necesarios.

El personal vio el fallo como un logro y calificó la resolución como favorable para la base trabajadora.

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Más preocupaciones y más pacientes

Enfermeros de este mismo hospital del ISSSTE también han expresado preocupación por la seguridad que tienen en su centro de trabajo, además piden que se les aplique el “bono COVID-19”, una prestación adicional emergente que se propuso en el IMSS.

Incluso algunos han denunciado, a través de sus redes sociales, actos de discriminación, por ejemplo, que les digan en la calle que “por su culpa” aumentan los contagios.

Mientras, se espera que más pacientes de otras regiones de Oaxaca también sean atendidas en el hospital Presidente Juárez.

El 14 de abril, el exalcalde de Juchitán y luchador social del Istmo, Polo de Gyves, dio a conocer la muerte de su hermano en el hospital del ISSSTE en Tehuantepec.

Cuauhtémoc de Gyves estuvo ocho días internado, con sus pulmones oxigenando al 50%. Al momento de su muerte, esperaba ser trasladado al Presidente Juárez en la ciudad de Oaxaca.

“Omito mencionar las numerosas deficiencias existentes en el hospital. Lo mismo ocurre en los hospitales civiles de Juchitán y Tehuantepec. Solo diré que el personal que da la cara merece nuestra admiración y respeto”, escribió Polo.

Cuauhtémoc de Gyves era trabajador del Hospital Civil "Macedonio Benítez Fuentes" de Juchitán.

Llegaron los materiales

El lunes 20 de abril comenzó a llegar el material al hospital Presidente Juárez. Se estima que están disponibles 4,000 tapabocas; otros 3,000 que se consideran más 'sencillos' para el personal que no tienen contacto directo con los pacientes positivos a COVID-19 y también mascarillas N95.

Los trajes blancos de protección completa no se recibieron porque, les explicaron a los trabajadores, no estaban aprobados por la autoridad sanitaria.

“No llegaron más kits. Son muy pocos y no los han repartido. Tienes que ir a pedirles y te hacen firmar un vale. Se ven de muy baja calidad”, cuentan los trabajadores.

A nivel general, el ISSSTE, por su parte, aseguró que le dará toda la protección necesaria a su personal.