"En un país donde existen desapariciones forzadas, (hay) una Ley de Víctimas que contempla que esto no debe ocurrir (la cremación de fallecidos por COVID-19), porque en todo momento se debe tener la posibilidad de buscar a las personas desaparecidas", dijo.
El subsecretario agregó que la Guía de Manejo de Cadáveres entró en vigor este martes, por lo que los criterios, pensados para las fases 1 y 2 de la contingencia, no han sido implementados.
Uno de los criterios de esta guía establece: "La disposición final del cadáver será lo más pronto posible, preferiblemente mediante cremación; de no ser posible, se practicará la inhumación en sepultura o bóveda".
Sin embargo, la organización civil Fray Juan de Larios manifestó que este decreto atenta contra los derechos de las personas desaparecidas, pues no contempla cómo en este contexto será el tratamiento de los cuerpos de personas no identificadas.
"Es importante no obviar que tenemos más de 60,000 personas desaparecidas en México, y el sistema forense a nivel nacional está rebasado por los miles de cuerpos sin identificar", señaló la organización en un comunicado, en el que también llamó a las autoridades a homologar los lineamientos con apego a derechos humanos.