“El gobierno federal debe asumir que enfrentar la crisis sanitaria y sus consecuencias futuras impone comprometer un déficit público ‘razonable y manejable’ que dote al gobierno de los recursos necesarios para responder a las necesidades urgentes y las demandas que plantee ‘el día después’”, dicen en un comunicado.
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En un análisis que hicieron, los especialistas enfatizaron que el gobierno y la sociedad enfrentan la epidemia de COVID-19 en una situación muy adversa: con la mitad de los mexicanos viviendo en pobreza; con un sistema de salud insuficiente y fragmentado; con una economía a la baja y condiciones del mercado laboral que colocan a la mayoría de los trabajadores en riesgo de perder su salud, su salario, su empleo y las escasas prestaciones alcanzadas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calculó una caída del 30% del producto nacional que afectaría a todos los sectores, pero sobre todo a quienes viven en condición de pobreza, o tienen empleo sin acceso a la seguridad social e incluso a los que tienen trabajo pero reciben un ingreso que no es suficiente para sostener a una familia.
“Muchos pobres no tienen agua ni Internet. Esas carencias les impide cumplir con las medidas de mitigación del contagio. No pueden lavarse las manos constantemente ni se pueden quedar en casa. Necesitan comida, agua, servicios. Necesitan tener un ingreso que los ayude a sobrevivir la crisis”, señaló Rogelio Gómez Hermosillo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
