Gastan 8,000 mdp en la Cruzada Contra el Hambre y no ayudan ni a 10,000 personas

"En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, al concluir 2018, a seis años de la puesta en marcha de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la SEDESOL, actualmente Secretaría de Bienestar, en su carácter de Presidente de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, no acreditó que esa estrategia hubiera sido una solución estructural para “erradicar la pobreza extrema alimentaria” de 7.0 millones de personas estimadas en esa condición", se indica en la auditoría.

Incluso el número de personas identificadas en pobreza extrema alimentaria se incrementó en 12.9%, al pasar de 6 millones 974,100 personas en 2014 a 7 millones 873,400 en 2018.

El reporte de la Auditoría destaca que la Cruzada contra el Hambre fue la estrategia de coordinación intergubernamental más importante que el gobierno federal implementó en el periodo 2013-2018 para erradicar a la pobreza alimentaria, el cual estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

En ese año, el entonces Ejecutivo firmó el compromiso de gobierno “Erradicar la pobreza alimentaria”, el cual estaría a cargo de la Sedesol, cuya titular era Rosario Robles, hoy acusada de otros delitos de malversación de fondos , y concluido al final del sexenio por Luis Miranda.

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Posteriormente, en 2013, publicó el Decreto por el que se crea el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, para abatir el hambre y las carencias sociales de la población en situación de pobreza extrema de alimentación, y estableció como objetivo “Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada” al cierre de 2018.

La ASF acreditó que el objetivo no se cumplió debido a deficiencias desde su diseño, normativo, programático, presupuestal y de evaluación que afectaron su implementación.

Una misión fallida

La Sedesol –ahora Bienestar– registró en el Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE) a 7 millones 873,400 de personas con, al menos, tres carencias, entre ellas, la alimentación, y cuyos ingresos se ubicaron por debajo de la línea de bienestar mínimo. Esta es una cifra incluso mayor a la estimada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2016, cuando se estimaban 5 millones 115,100 personas en esta condición.

Para la ASF, esto evidencia que la secretaría no verificó la calidad y confiabilidad la información recabada mediante el “Cuestionado único de condiciones socioeconómicas”, que constituyó el instrumento de recolección de la información socioeconómica de cada persona incluida en el SIFODE.

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Asimismo, la Auditoría documentó que “la secretaría no acreditó que las personas reportadas como atendidas recibieron los beneficios de los programas” y que pese a que la extinta Sedesol informó a la ASF que durante el periodo 2013-2018 no dispuso de recursos específicos para la instrumentación de la estrategia, sí ejerció recursos federales, cuyo ejercicio presentó “deficiencias”.

La Sedesol explicó a la ASF que las únicas erogaciones que se realizaron para dar cumplimiento al programa fueron con cargo a los presupuesto aprobados de los respectivos programas presupuestarios de las dependencias y entidades que participaron. No obstante, se constató que la secretaría dispuso, específicamente, de recursos comprometidos para la Cruzada contra el Hambre, los cuales ascendieron al menos a 8,083 millones 967,500 pesos.

“Además, para la fiscalización de las Cuentas Públicas 2013-2018, la dependencia omitió la rendición de cuentas de los recursos ejercidos para la instrumentación y operación de la CNcH, utilizando el argumento de que la cruzada es una estrategia y no un programa presupuestario, no obstante que se identificó que se ejercieron, al menos, 8,083,967.5 miles de pesos, en la implementación de la estrategia”, dice la ASF.

Sobre la existencia de los beneficiarios, el reporte detalla un caso en el que, con la información proporcionada por la secretaría, identificó a 33 personas atendidas en el marco de la Cruzada, de al menos tres programas sociales en 2018, como residentes de la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, pero cuando acudió al lugar al domicilio de los beneficiarios, concluyó que “la información no fue confiable, ya que no existió el lugar en el que se registró que radicaban estas personas”.