El feminicidio de Abril Cecilia Pérez Sagaon, una mujer que por 10 años sufrió la violencia de su esposo conmocionó a la sociedad mexicana el año pasado; en las últimas semanas lo hizo el de Ingrid Escamilla, una joven de 25 años brutalmente asesinada por su pareja.
En los últimos días, la muerte de Fátima, una niña de tan solo siete años de edad que fue violada, torturada y sus restos tirados en una bolsa en un calle de Tláhuac, ahondó la crisis de los feminicidios en México.
Pero ni Abril, Ingrid y Fátima fueron las únicas mujeres que fueron asesinadas por razones de género México: de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2018 y 2019 se cometieron 1,867 feminicidios, de los cuales 186 fueron en contra de menores de edad.
De un año a otro, el feminicidio se incrementó 9% al pasar de 891 en 2018 a 976, en 2019.
De acuerdo con la organización México Evalúa, durante ese periodo, 2018-2019 también se incrementó el feminicidio infantil en 11%. Hace dos años se registraron en el país 88 muertes violentas de niñas, pero para 2019, fueron 98.
Los cinco últimos años, la violencia letal contra las mujeres ha ido en aumento. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo de 2015 a finales del 2019, en México murieron asesinadas de manera dolosa 12,053 mujeres.
Aunque en los reportes del SESNSP se incorporó desde 2015 el feminicidio en su reporte mensual de indicidencia delictiva, fue hasta finales de 2017 cuando todos los estados lo tipificaron la muerte de mujeres por razones de género.
Para prevenir feminicidios y garantizar sanciones ejemplares a quienes le quiten la vida a una mujer, la Cámara de Diputados aprobó este martes modificaciones al Código Penal Federal para endurecer las penas por feminicidio, abuso sexual, “entorpecimiento” de la procuración de justicia.
La pena mínima de privación de la libertad por el delito de feminicidio será de 45 años, mientras que la máxima será de 65 años.
En tanto, en el Senado de la República se busca reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En diciembre pasado, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, presentó la iniciativa para crear la “Ley Abril Pérez Sagaón”, en memoria de la regiomontana que fue asesinada justo cuando se conmemoraba el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Entrevista con Expansión Política, el legislador explicó que el objetivo de la Ley Abril es reformar la ley para establecer mecanismos de prevención, métodos de protección y alertas de género ad hoc a las circunstancias para cada mujer. Pero también busca que se establezcan castigos ejemplares a quienes se atrevan a quitarle la vida a una mujer.
En la iniciativa se contemplan mecanismos de prevención, educación, cultura, y sobre todo proactividad para que los castigos sean rápidos y ejemplares y con celeridad meterlos a la cárcel”.
Para el legislador, las alertas de Género, cuya facultad corresponde únicamente a la Secretaría de Gobernación emitir, no han funcionado, por lo que como parte de la iniciativa también se propone descentralizar esa facultad y establecer una alerta que contemple la coordinación entre los tres niveles de gobierno ante cualquier caso de feminicidio.
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“Los feminicidas tendrán en consciencia que con este tipo de alertas va a ser muy fácil que se les encuentre y se les castigue y que eso difumine y logre menor acoso y lesiones hacia las mujeres”, señaló el senador.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, dijo que se pueden asegurar que las alertas de género no funcionan, pero el problema va más allá.
“El problema es desde el inicio cuando una mujer se acerca a denunciar cualquier tipo de violencia la mayor parte de los casos la regresan a su casa tratándola de nuevo como si ella fuera la culpable de la violencia que está viviendo. Se necesita sensibilización, capacitación y acompañamiento que no solo puede ser jurídico, porque una víctima de la violencia está en proceso de descomposición psicológica. Ese es el aparato que nos falta”, destacó.
De acuerdo con el especialista, el registro de feminicidios representa deficiencias, pues mientras hay estados que aplican el protocolo otros no lo están llevando al pie de la letra.
En diciembre de 2019 hubo entidades como Chihuahua, Guerrero, Tlaxcala y Yucatán que no reportaron ningún feminicidio, mientras que otras entidades como Aguascalientes, Coahuila y Sinaloa iniciaron la totalidad de carpetas de investigación de homicidio doloso de mujeres bajo el protocolo de feminicidio para después descartar los que no lo fueron.
“Esto no nos permite comprender cómo se comporta el feminicidio en nuestro país, pero peor aún no nos permite generar políticas públicas para resolverlo”.
