Cossío señaló que entre los riesgos están que las personas pierdan sus derechos humanos que se constituyeron para el proceso y que estén más en manos de la autoridad. Sostuvo que en un momento de crisis como el que estamos viviendo sí se tiene que fortalecer el sistema de justicia, pero que esto pasa más por las capacidades de instituciones que por el debilitamiento a los ciudadanos.
“(La reforma como se difundió) aumentaría los poderes de las autoridades y disminuiría los derechos de las personas, cuando creo que hay que mantener derechos de las personas y aumentar las capacidades de las autoridades”, comentó.
Ante el anuncio de que el gobierno federal presentaría a mediados de enero una serie de iniciativas para reformar el sistema de justicia, se filtraron unos documentos como los posibles borradores de las iniciativas, mismos que generaron fuertes críticas por considerar algunos cambios, incluso inconstitucionales.
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El consejero de la Presidencia, Julio Scherer, reconoció en el anuncio de que se entregarían esas reformas que el problema de la violencia no ha podido solucionarse y por eso se necesita una reforma de gran calado.
“Vemos a México con un problema de violencia que no hemos podido arreglar y que requiere de una nueva norma para la persecución de los delitos, así vamos a proponer, de común acuerdo con la Fiscalía General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob), una Ley Nacional de Justicia Cívica, un código Penal Nacional, un proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales, un Código de Ejecución Penal, un Sistema de Justicia para Adolescentes. Esto pretende formar un nuevo código penal y delinear el nuevo sistema de justicia que queremos para nuestro país”, detalló.
Aunque se había dicho que las iniciativas se darían a conocer en enero, el fiscal Alejandro Gertz anunció que sería hasta el inicio de sesiones cuando se presenten los documentos y que se pretende reformar la Constitución, la Ley de Amparo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF), la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica, el Código Penal Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de la Fiscalía General de la República.
