2019: el año en que el Cártel de Sinaloa sacudió la política mexicana

En su momento, todos los exservidores públicos de manera directa o indirecta negaron nexos con el grupo criminal, y el gobierno mexicano, a través del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que los personajes serían investigados en caso de existir una denuncia formal, aunque reiteró que no crearía “chivos expiatorios”.

Fue el 21 de febrero de 2019 -10 días después de que el narcotraficante más famoso de México fuera hallado culpable de narcotráfico- que el Departamento de Justicia de Estados Unidos puso el dedo sobre dos de sus hijos cuyo perfil se había mantenido bajo y a quienes se les acusa traficar cocaína, metanfetaminas y marihuana desde México entre 2008 y 2018: Joaquín Guzmán López, ‘el Chapito’, y Ovidio Guzmán López, ‘el Ratón' o 'Ratón Nuevo’, ambos también hijos de Griselda López Pérez, la segunda esposa de Guzmán Loera.

El nombre de ambos hijos del ‘Chapo’ cobró relevancia en medio del proceso contra su padre, pero tras la condena, el debate se centró en el destino de la supuesta fortuna que en 2012 lo hizo entrar en la lista de la revista Forbes de los hombres más ricos del mundo. Tanto el gobierno mexicano como el de Estados Unidos anunciaron que buscarán quedarse con los recursos.

Tendrían que pasar ocho meses más para que el nombre de Ovidio y del Cártel de Sinaloa atrajeran la atención del mundo entero. Fue el 17 de octubre pasado cuando en un fallido operativo el joven de 29 años de edad fue capturado y liberado por las fuerzas federales, que realizaron el operativo con el fin de extraditarlo por petición del gobierno de Donald Trump.

Aquel día Culiacán se convirtió en una zona de guerra, hombres con rifles de asalto y fusiles de alto poder se hicieron presentes en las calles, secuestraron militares, liberaron presos de una cárcel local, quemaron camiones y atacaron un conjunto habitacional de familias de soldados para presionar la puesta en libertad de Ovidio, quien había sido capturado en su domicilio en el fraccionamiento Tres Ríos en un operativo coordinado por elementos del Ejército.

La versión oficial final del gobierno fue que ante el amago del Cártel de Sinaloa de atacar a civiles si no se liberaba al hijo de su mítico líder y al ser superados en número de efectivos, se decidió cancelar el operativo, no aprehender a Ovidio y así evitar una masacre, según defendió el presidente Andrés Manuel López Obrador en reiteradas ocasiones.

Una ola de críticas siguió a la decisión gubernamental: “Un nuevo nivel de fracaso (…) nunca el gobierno ha cedido tan públicamente al poder de los mafiosos”, sintetizó el semanario inglés The Economist en uno de sus famosos editoriales.

Expertos en seguridad alertaron que le decisión del gobierno mexicano abrió las puertas a un chantaje que puede ser usado por más grupos criminales aunque un 55.3% de los mexicanos consideró que el “gobierno hizo bien” en liberar a Ovidio y otro 38.5 señaló que “hizo mal”, de acuerdo con una encuesta de Consulta Mitofsky difundida en noviembre pasado.

La respuesta del gobierno fue mantener la narrativa de que evitó una tragedia mayor a los 16 muertos por la violencia de ese día.

El presidente López Obrador ocupó parte de sus conferencias matutinas para que tanto él como los titulares de las secretarías de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, explicaran lo ocurrido.

El propio presidente ha reconocido que el llamado ‘culiacanazo’ ha sido uno de los episodios más difíciles de su gobierno pero insiste en que su política de seguridad seguirá siendo la misma, en la que no se enfrentará de manera frontal a los grupos criminales, “como se hacía en el pasado”, pese a que los primeros 12 meses de gobierno ya acumulan 34,579 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), un promedio de 95 personas fueron asesinadas al día y cuatro cada hora.

Si bien ese episodio puso en crisis al gobierno actual, solo pasaron dos meses para que los reflectores apuntaran de nueva cuenta a las administraciones federales pasadas: las de Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). El pasado 10 de diciembre, Genaro García Luna fue detenido en Texas, Estados Unidos, acusado de recibir millones de dólares por dar protección al Cártel de Sinaloa a cambio de millonarios sobornos.

La Fiscalía federal para el Distrito Este de Nueva York acusa al exfuncionario de cuatro delitos: tres por conspiración y tráfico de drogas y una por falsear declaraciones. De acuerdo con las cuatro acusaciones, García Luna cometió los delitos entre 2001 a la fecha.

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Según los registros financieros obtenidos por el gobierno, cuando García Luna se mudó a los Estados Unidos en 2012, había acumulado una fortuna personal de millones de dólares, acusó el Departamento de Justicia en el comunicado en el que confirmó la detención del llamado ‘superpolicía’ del gobierno calderonista.

El nombre de García Luna fue puesto sobre la mesa en el juicio contra Guzmán Loera por Jesús ‘el Rey’ Zambada, exsocio del ‘Chapo’ y hermano de Ismael ‘el Mayo’ Zambada, uno de los históricos líderes del narco mexicano. En su comparecencia como testigo protegido, ‘el Rey’ acusó que entregó a el exmando de seguridad mexicano pagos de entre 3 y 5 millones de dólares en los años 2001 y 2006. Posteriormente, el cártel de los Beltrán Leyva le habría entregado otros 50 millones para su protección.

En esos años, García Luna ocupó puestos de alto rango en el gobierno mexicano, primero como titular de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (2001-2006) y luego como secretario de Seguridad Pública (2006-2012).

Tras las acusaciones del gobierno de la unión americana, el gobierno mexicano ha expuesto ante los medios que tiene abiertas varias indagatorias en contra de García Luna, una que involucra el desvío de recursos públicos en los sexenios calderonistas y peñistas a cuentas ligadas al exservidor y sus familiares.

Calderón, de quien fue uno de sus funcionarios más cercanos, no lo ha respaldado de manera firme y aunque ha pedido que se espere a que termine el proceso legal para emitir conclusiones también ha señalado que desconocía los supuestos nexos de García Luna con el Cártel de Sinaloa. Vicente Fox ha guardado silencio al respecto, pese a que solía posicionarse a diario en sus redes sociales sobre temas de coyuntura en los que era un fuerte crítico de las decisiones de los gobiernos mexicanos y estadounidense.

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La defensa de García Luna asegura que su cliente no tiene la intención de declararse culpable de haber colaborado con el Cártel de Sinaloa y que espera que en un año inicie el juicio, que se llevaría en la misma corte donde fue condenado el ‘Chapo’ Guzmán y sobre el que se tienen expectativas de más revelaciones que sacudan otra vez a la clase política mexicana.