Ante la posibilidad de que los cárteles mexicanos sean designados como organizaciones terroristas, como dijo el presidente Donald Trump el martes pasado , existen algunas variables que considerar al respecto.
Entre las interrogantes están qué tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos, qué implicaciones tiene la designación, se puede revertir el proceso, entre otros.
La Oficina Antiterrorista del Departamento de Estado tiene catalogados a 68 organizaciones extranjeras como terroristas, que son grupos que han participado en la planificación y los preparativos para posibles futuros actos de este tipo o tienen la capacidad y la intención de llevarlos a cabo.
Entre las acciones están el sabotaje de cualquier medio de transporte (incluyendo una aeronave, embarcación o vehículo); la incautación o detención y la amenaza de matar, herir o continuar deteniendo a otra persona para obligar a una tercera persona a realizar o abstenerse de realizar cualquier acto como condición explícita o implícita para la liberación del individuo, y el uso de cualquier agente biológico, agente químico o arma o dispositivo nuclear, o explosivos, armas de fuego u otras armas o dispositivos peligrosos con la intención de poner en peligro, directa o indirectamente, la seguridad de una o más personas o causar daños sustanciales a la propiedad.
Se entiende como “seguridad nacional" como "la defensa nacional, las relaciones exteriores o los intereses económicos de Estados Unidos".
Primero se tiene que identificar a un organización, una vez teniéndola el Secretario de Estado, en consulta con el Fiscal General y el Secretario del Tesoro, decide hacer la designación , se notifica al Congreso sobre la intención y se le otorgan siete días para revisar la designación, de no haber alguna acción del Congreso para bloquearla, se publica un aviso en el Registro Federal.
Por ley, una organización designada como terrorista puede solicitar una revisión judicial de la designación en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos a más tardar 30 días después de que la designación se publique en el Registro Federal.
La otra forma, más corta, y sin que pase por el Congreso, es a través de un decreto presidencial. Aunque para hacerlo también se deben cumplir con los requerimientos legales para ser considerada de ese tipo.
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Para el experto Juan Carlos Montero, del Tecnológico de Monterrey, Estados Unidos no equipara a los cárteles mexicanos con organizaciones como ISIS.
El senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, calificó de absurdo el declarar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, debido a que consideró que hay una “separación tajante” en lo que son actividades criminales, como tráfico de drogas, y lo que son movimientos terroristas.
“Generalmente (las organizaciones terroristas) están inspirados, por una ideología a veces por una religión, es decir son movimiento destinados que tienen como propósito la eliminación de un gobierno determinado y su sustitución por otro gobierno, los terroristas son en términos generales ideólogos y con mucha frecuencia fanáticos religiosos”, señaló en entrevista.
Una vez publicada la designación, la ley prohíbe dar ayuda exterior de Estados Unidos a gobiernos que faciliten asistencia o material militar letal a grupos que figuren en la lista de terroristas; la venta o la licencia de exportación de artículos de defensa o servicios de defensa a los países que el presidente determine que no cooperan plenamente con la labor antiterrorista del gobierno.
También se autoriza la exclusión de los extranjeros que sean miembros o representantes de grupos terroristas y se encomienda a la Administración Federal de Aviación que exija a las empresas de transporte aéreo que presten servicio a Estados Unidos que apliquen medidas de seguridad idénticas.
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La Ley Pública 104-132, conocida como Ley Antiterrorista, otorga facultades al gobierno estadounidense para intervenir en los países que signifique una amenaza para la seguridad de esa nación. Mientras que en la Ley Patriótica, promulgada por el presidente George Bush después del 11 de septiembre de 2001, abarca jurisdicción internacional apoyada en los tratados internacionales y convenios bilaterales.
Las autoridades mexicanas han señalado que van a proteger la soberanía nacional. Por su parte, algunos expertos como plantean las consecuencias dependerán de la declaratoria y de la designación.
“(La designación) le daría herramientas a las autoridades norteamericanas para intervenir los activos económicos de las organizaciones criminales así como realizar actividades militares”, explicó Montero.
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Por ejemplo, Ramón Celaya, del Tecnológico de Monterrey, explica que una entidad gubernamental que ha sido declarada como organización terrorista, es la Guardia Revolucionaria Iraní, y a raíz de eso hubo endurecimiento de sanciones, se negaron visas y se prohibió viajar a altos funcionarios, pero no ha habido una intervención.
Señala que otro ejemplo las FARC, grupo que también fue designado y no intervinieron en ese país sino que lanzaron el Plan Colombia, donde invirtieron millones de dólares para restaurar la paz y lanzaron operaciones coordinadas con el ejército colombiano.
