La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó este miércoles dar un amparo al narcotraficante Rafael Caro Quintero contra la extradición solicitada por Estados Unidos, por lo que, de ser detenido, podría ser enviado a ese país.
En la sesión de este miércoles, los ministros de la Primera Sala avalaron por unanimidad el proyecto de Luis María Aguilar Morales, en el que se plantea negar la protección judicial al capo sinaloense.
El ministro Aguilar Morales sostuvo en su ponencia que los argumentos del quejoso (Caro Quintero) son infundados, pues las solicitudes de extradición están fundamentadas en el artículo 119 de la Constitución Política federal, por lo que de "ninguna manera se vulnera el derecho a la libertad personal".
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Dicho artículo establece que: "las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tramitadas por el Ejecutivo Federal, con la intervención de la autoridad judicial en los términos de esta Constitución, los Tratados Internacionales que al respecto se suscriban y las leyes reglamentarias. En esos casos, el auto del juez que mande cumplir la requisitoria será bastante para motivar la detención hasta por 60 días naturales".
Este precepto constitucional, explicó el ministro en su proyecto, es el que permite que la extradición sea posible, toda vez que está basada en el principio de reciprocidad y colaboración en la entrega de un acusado por parte del Estado requerido.
En 2016, el "Narco de narcos" de la década de los 80, tramitó un amparo para evitar ser entregado al gobierno de Estados Unidos, argumentando que la solicitud de detención y medidas cautelares, con fines de extradición, es ilegal toda vez que ya fue juzgado y sentenciado por narcotráfico, secuestro y homicidio.
El 9 de agosto de 2013, tras estar 28 años preso por secuestro, homicidio calificado, asociación delictuosa y delitos contra la salud, Caro Quintero fue puesto en libertad gracias a un amparo otorgado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por un "erróneo proceso penal".
Sin embargo, desde 2014 el gobierno de Estados Unidos lo considera prófugo de la justicia –y hasta ofrece una recompensa de 20 millones de dólares– por narcotráfico y por el homicidio de Enrique Camarena, agente de la DEA.
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