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La CNDH impugna ante la Corte la nueva Ley de Extinción de Dominio

En su acción de inconstitucionalidad, la comisión advierte de que la ley, si bien busca debilitar las finanzas del crimen, tal como está redactada pone en riesgo derechos fundamentales.
vie 27 septiembre 2019 05:09 PM
CNDH
La CNDH es presidida por Luis Raúl González Pérez, quien este año está en posibilidades de buscar la reelección en el cargo por otros cinco años.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó este viernes que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de diversos artículos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

De acuerdo con el organismo, este recurso fue presentado con el objetivo de echar atrás normas perjudiciales y, con ello, garantizar los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, al acceso a la información pública, a la propiedad, a la protección de datos personales, a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, así como los principios de legalidad, de máxima publicidad, de irretroactividad de la ley y de supremacía constitucional.

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En un comunicado, la CNDH expresó que, si bien reconoce que la ley busca debilitar la estructura financiera de los grupos delictivos y acabar con la corrupción, "también debe tener los mecanismos necesarios para que no se afecte en forma injustificada el patrimonio de las personas que actúan de buena fe".

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La comisión destacó que esta acción fue presentada luego de que recibió una serie de pronunciamientos de diversas organizaciones civiles y de instituciones académicas, que le presentaron sus puntos de vista respecto de las posibles inconstitucionalidades de la nueva normatividad.

"La promoción de las acciones de inconstitucionalidad no busca, en ningún caso, atacar o debilitar nuestro sistema jurídico sino, por el contrario, su objetivo es consolidar nuestras instituciones y preservar nuestro Estado constitucional y democrático de derecho", aseguró el organismo autónomo.

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La ley fue promulgada el 9 de agosto.

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El caso será turnado a uno de los ministros del máximo tribunal del país, quien deberá analizarlo, contrastar los argumentos de las partes y elaborar un proyecto de resolución que presentará ante el pleno, que resolverá si esta ley es constitucional o no.

En esta ley se establece que el Estado puede decomisar bienes relacionados a ilícitos como corrupción, huachicol y delincuencia organizada, para obtener un beneficio económico que debe ser usado exclusivamente por el gobierno federal para financiar programas sociales prioritarios.

De acuerdo con medios nacionales, la Corte ya admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH, que cuestiona 20 artículos y fracciones de la norma, bajo el argumento de que son contrarios a la Constitución y a tratados internacionales firmados por México.

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