En conferencia de prensa, junto con Sandra Creixell, directora de Estudios Jurídicos de la organización, explicaron que las leyes dejan fuera elementos centrales para la garantía del derecho, porque no dejan claro quiénes serán las autoridades responsables; debilitan a actores clave en la garantía del derecho e incluyen aspectos contrarios al marco constitucional.
En cuanto a la Comisión Nacional Para la Mejora Continua de la Educación, la ley respectiva se limita a organizar la estructura y las áreas pero no dota de contenido a los objetivos y fines establecidos para la Comisión (y sus distintas unidades y áreas).
Pero lo más grave, señaló Creixell, es que las iniciativas presentan contradicciones como que pese a que la Carta Magna precisa que la reglamentación de los procesos de selección, admisión, promoción y reconocimiento es exclusiva del Congreso de la Unión, la iniciativa deja el proceso al arbitrio de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La experiencia dice que tienes que fortalecer la autoridad local (...) si centralizas no hay manera de crear contenidos regionales”.
Sandra Creixell, directora de Estudios Jurídicos de Mexicanos Primero