El pasado 28 de mayo, un juez ordenó detener a Lozoya por posibles actos de corrupción, a la par de que Alonso Ancira, dueño de la empresa Altos Hornos de México, fue arrestado en España en relación con el mismo caso. Por estas acusaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) les congeló las cuentas a ambos.
La semana pasada el exdirector de Pemex logró obtener una suspensión definitiva que impide que sea detenido, pero que lo obliga a comparecer ante las autoridades judiciales, algo a lo que el exfuncionario se ha negado.
“Es claro que si me presento ante el juez de control me van a vincular a proceso y van a pretender dictar prisión preventiva justificada, no obstante que el delito que se me imputa NO lo amerita... tengo todo el derecho de cuidar mi libertad, ya que todas estas acciones son definitivamente una persecución política orquestada en mi contra”, escribió Lozoya en la carta.
El exdirector de Pemex asegura: "ha habido una persecución mediática en mi contra desde el 2017, en donde se me ha acusado, se me ha juzgado y se me ha condenado, violando en mi perjuicio los derechos humanos consagrados en la Constitución y tratados internacionales. Detrás de esta campaña mediática hay intereses de poder los cuales serán develados en su momento".
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En el documento, Lozoya Austin señaló que una vez que reciba las garantías a las que tiene derecho, estará dispuesto a colaborar y manifestar la verdad histórica y jurídica de todo lo que concierne a su gestión como director de la petrolera, "en donde aclararé que funcionarios del nivel que sea, intervinieron en lo que hoy se investiga".