La Fiscalía General de Chiapas informó sobre la detención del presidente municipal de Cintalapa, Ernesto “N”, por su presunta responsabilidad en delitos como corrupción y malversación de fondos públicos.
En un comunicado, la dependencia detalló que, además de los cargos por corrupción, el alcalde es investigado por su posible vinculación con grupos del crimen organizado.
Ernesto “N” enfrenta cargos por ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad y malversación de recursos, los cuales fueron confirmados tras las investigaciones realizadas por las autoridades competentes.
La detención se realizó por elementos de la Fiscalía General de Chiapas, en colaboración con la Secretaría de Seguridad de Chiapas, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Según los reportes, el alcalde fue arrestado la noche del lunes en la presidencia municipal de Cintalapa.
Hasta el momento, las autoridades no ofrecen más detalles sobre el caso de vinculación con grupos criminales que se investiga.
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— FGEChiapas (@FGEChiapas) January 6, 2026
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La Fiscalía de Chiapas también procesó a 11 policías tras una serie de operativos realizados en Cintalapa, Ocozocoautla y Jiquipilas. Los agentes fueron acusados de usar indebidamente las funciones y el poder que les otorga su corporación.
De acuerdo con el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, en el operativo fueron citadas a declarar 156 personas que ejercían funciones de policía en los tres municipios mencionados.
Llaven detalló que, tras la investigación, 11 de estos agentes fueron presentados ante el órgano jurisdiccional para enfrentar cargos por el delito de "uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias".
Además de esta acusación, los uniformados serán investigados por una modalidad particular del delito de “halconeo”, la cual consiste en colaborar con grupos criminales para proporcionarles información sobre movimientos de la autoridad.
Las 145 personas, que fueron citadas a revisión pero no procesadas, quedaron en libertad bajo reserva de ley, lo que significa que pueden ser llamadas de nuevo para ampliar las investigaciones.
