El momento clave para la confrontación:
A las 12:49 horas de la madrugada del sábado, cuando la licencia del gobernador Samuel García Sepúlveda ya era vigente, y por tanto inició la gestión de Luis Enrique Orozco como gobernador interino electo por el Congreso del estado, el exprecandidato presidencial, se presentó en el Palacio de Gobierno.
A las 01:16 de esa madrugada intentó notificar a Orozco su decisión de reasumir el gobierno y desistir de su precandidatura presidencial, a raíz de lo cual se desató un debate jurídico y político sobre quién ocupaba legalmente la titularidad del gobierno estatal, situación que se mantuvo desde entonces y hasta poco después del medio día de este lunes 4 de diciembre.
Para César Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y catedrático de esa casa de estudios, en los hechos hubo dos mandatarios: uno que ejerció el poder real, Samuel García, pero también estaba vigente el interinato de Luis Enrique Orozco.
“Lo que hay en el estado es un choque de trenes políticos”, expuso; afirma que esto es consecuencia de que el gobernador ha fallado en construir consensos y entendimiento con la oposición a su administración.
“Este gobierno no ha encontrado puentes de entendimiento, cauces de diálogo, de negociación y esta inamovilidad de posturas es lo que lleva a un choque frontal, sin flexibilidad alguna", destaca.
Un vez superado el encontronazo, se debería mejorar la comunicación, recomienda Javier Martín Reyes, también investigador del IIJ de la UNAM.
“Lo que le urge a Nuevo León, después de este tremendo novelón, es un poco de estabilidad política por una crisis que se volvió tan compleja”, considera.
Reyes critica como irresponsable y desafortunada la crisis ocurrida en Nuevo León y eso es atribuible a las dos partes en conflicto.
Plantea que, por un lado, la resistencia del gobernador a aceptar que era el Congreso el encargado de elegir interino y, por otro, los legisladores que en un inicio propusieron a una persona inelegible, llevó la situación al extremo, por lo que Ejecutivo y Legislativo son corresponsables.
“Todo este embrollo surge por un gobernador que no quiere aceptar cuál es el procedimiento para que se nombre al interino. (Y) me parece profundamente irresponsable lo que hizo el Congreso local en un primer momento, ¿en cabeza de quién cabe nombrar como interino a la cabeza del Poder Judicial?”, reflexiona en entrevista.
“En un escenario tan complejo para Nuevo León en el ámbito local y en un escenario federal donde lo que nos debería importar es el proceso electoral, las precandidaturas y las propuestas que están haciendo los tres bloques políticos, es desafortunado –por decirlo amablemente- que estemos discutiendo quien gobierna o no gobierna Nuevo León”, considera el analista.
