“De igual forma, se reunió con directivos y personal de la Oficina de Representación del INM en Quintana Roo, a quienes exhortó a mantener una actuación apegada a la ley, con visión humanista y de respeto y salvaguarda a los derechos humanos”, informó el INM en un comunicado.
El funcionario informó que entre 2019 y los meses que van de 2023 han ingresado de forma regular a México 133 millones 222 mil 679 personas extranjeras y nacionales. La autoridad destacó que la cifra es superior a los aproximadamente 130 millones de habitantes que tiene México.
Francisco Garduño, bajo proceso por su responsabilidad en el incendio que provocó la muerte de 40 personas en la estación migratoria de Ciudad Juárez, precisó que de enero de 2022 a mayo de 2023 han entrado formalmente 56 millones 126 mil 940 personas extranjeras y nacionales: 37 millones 772 mil 145 vía aérea; 11 millones 260 mil 342 por vía marítima, y 7 millones 094 mil 453 vía terrestre.
“En los primeros cuatro meses del presente año se incrementó un 31.90% el ingreso de personas a territorio mexicano a través de sus 66 aeropuertos internacionales y 535 filtros de verificación migratoria”, informó en la Terminal III del Aeropuerto Internacional de Cancún.
El 30 de abril, Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público por su presunta responsabilidad en el incendio de un albergue en Ciudad Juárez, que provocó la muerte de 40 migrantes.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el titular del INM incumplió “con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.
Por el momento, tres funcionarios de la estación del INM donde ocurrió el incendio están en prisión: el jefe de Departamento de Recursos Materiales, Eduardo Apodaca; el coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes, Juan Carlos Meza, y la agente migratoria Cecilia Rivera.
También está detenido el delegado del INM en Chihuahua, Salvador González, quien enfrenta cargos por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, lesiones y homicidio doloso.
Asimismo, están detenidos dos guardias de una empresa de seguridad privada que operaba en la estación migratoria y el migrante que presuntamente inició el mortal incendio.
La tragedia ha alimentado el escrutinio sobre la política migratoria del Gobierno de México, donde, según organizaciones civiles, 2022 fue el año más trágico para los migrantes, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.
Alertan por población en la CDMX
Integrantes de Médicos Sin Fronteras se dijeron hoy alarmados con la situación que están viviendo la población en movimiento y los albergues en la Ciudad de México.
“Luego del cierre intempestivo del campamento de Tláhuac, que llegó a registrar el paso de alrededor 7000 personas, muchas de ellas fueron movidas a albergues de la ciudad y a otros Estados para continuar con los trámites migratorios, según el INM. Sin embargo, como organización médico-humanitaria no hemos podido constatar el destino de las personas movidas a otros puntos en el país”, indicaron.
En un comunicado señalaron que la decisión por cerrar el campamento de Tláhuac generó que “la capacidad limitada que tienen los albergues se viera rebasada y los pocos recursos con los cuentan resultaran insuficientes para hacer frente a las altas necesidades de asistencia para la población”.
Los albergues, la mayoría con recursos propios, enfrentan no solo problemas de hacinamiento, sino también el reto de poder cubrir las diferentes necesidades básicas de las personas: salud, alimentación, agua, higiene y saneamiento e información, apuntaron.
Además, hicieron el llamado al Gobierno de la Ciudad de México para trabajar de “forma coordinada para garantizar el cubrimiento de las necesidades de la población en movilidad, en condiciones de seguridad, dignidad y garantía de derechos, así como la necesaria coordinación con los actores de la sociedad civil (albergues) con el ánimo de trabajar articuladamente en hacer frente a un fenómeno que hasta ahora ha rebasado las capacidades públicas y privadas de respuesta”.
