"He comparecido, como lo dije inicialmente, mis compromisos como ciudadano, como servidor público de observar la ley, fui puesto ante el juez por el delito de ejercicio indebido del servicio público y se me vinculó a proceso", agregó.
"Yo no podría estar atendiendo todos y cada uno de los 600 inmuebles que tiene el Instituto Nacional de Migración, no podría yo estar atendiendo, personalmente, cuestiones de si en el archivo pusieron mal una caja, para eso hay servidores públicos", señaló.
El 30 de abril, Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público por su presunta responsabilidad en el incendio de un albergue en Ciudad Juárez, que provocó la muerte de 40 migrantes.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el titular del INM incumplió “con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.
Por el momento, tres funcionarios de la estación del INM donde ocurrió el incendio están en prisión: el jefe de Departamento de Recursos Materiales, Eduardo Apodaca; el coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes, Juan Carlos Meza, y la agente migratoria Cecilia Rivera.
También está detenido el delegado del INM en Chihuahua, Salvador González, quien enfrenta cargos por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, lesiones y homicidio doloso.
Asimismo, están detenidos dos guardias de una empresa de seguridad privada que operaba en la estación migratoria y el migrante que presuntamente inició el mortal incendio.
La tragedia ha alimentado el escrutinio sobre la política migratoria del Gobierno de México, donde, según organizaciones civiles, 2022 fue el año más trágico para los migrantes, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.
-Con información de EFE.
