Crisis en NL: los conflictos entre Samuel García y el Congreso

El martes pasado, el Congreso de Nuevo León acordó iniciar el proceso para llevar a juicio político al gobernador al considerar que incurrió en violaciones a la Constitución por no presentar a tiempo el presupuesto de Egresos para 2023.

El 20 de noviembre se cumplió el plazo para que García Sepúlveda presentara el Presupuesto para 2023, sin embargo, no lo hizo. Por ese motivo, legisladores del PAN y de PRI presentaron una denuncia ante la Fiscalía general de justicia del estado por abandono de funciones del mandatario.

Samuel García acusó que los legisladores querían dar “mordidas” a municipios, lo cual no iba aceptar integrar al presupuesto.

"Para mí no tiene mucha ciencia: lo que ellos han planteado es completamente irracional, esas mordidas que quisieron dar de 20 a 30% para los municipios, y un Fondo Metropolitano y un No Metropolitano, y un Fondo Periférico... se pusieron tan creativos que pasaron desapercibidos que muchos de esos montos están garantizados para deuda, no se le puede mover", comentó en diciembre pasado.

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El gobernador propuso que para este año se ejerciera el mismo presupuesto que el año anterior, más la inflación.

Este jueves, el presidente López Obrador manifestó su respaldo al gobernador y consideró que está siendo víctima de chantaje y presión.

“Apoyamos al gobernador de Nuevo León porque se ha presentado una demanda para desaforarlo, lo quieren quitar del cargo porque no le aprobaron el presupuesto. Él no tiene mayoría en el congreso, se pusieron de acuerdo sus adversarios y querían ellos imponerle un presupuesto, pero no solo eso, obligarlo a que destinara fondos a ciertas empresas públicas, autónomas manejadas por los partidos que están bloqueando al gobernador, entonces como lo permitió presentaron una denuncia para desaforarlo”, explicó el presidente.

¿Puede proceder el juicio político contra Samuel García?

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó someter a juicio político al gobernador, a quien ya citó el 10 de febrero a las 16:30 horas a comparecer de forma presencial o hacerlo por escrito.

El proceso fue aprobado por diputados del PRI y PAN. Legisladores de Movimiento Ciudadano, Morena y aliados votaron en contra.

De acuerdo con la Ley de Juicio Político de Nuevo León este procedimiento puede darse cuando los actos u omisiones de los servidores públicos dañen gravemente los intereses públicos.

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Entre esos daños se establecen ataques que perturben “la vida jurídica y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas”, a la forma de Gobierno republicano, representativo y popular del Estado, violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos o las garantías sociales, violaciones graves y sistemáticas a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Estatal o Municipal, entre otros.

El artículo 12 establece que este procedimiento se puede realizar cuando el funcionario público se mantiene en el cargo o solo un año después de terminado su periodo.

“El juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, o dentro del primer año de haber concluido sus funciones”, establece.

Los desencuentros

Uno de los capítulos entre los diputados y el gobernador se dio por la modificación que realizó el gobierno de Samuel García al escudo del estado.

Entre las modificaciones que causaron polémica fue la eliminación del lema “Semper Ascendens” (Siempre Ascendiendo) y la cinta tricolor de fondo.

Desde ese momento se habló de llevar a juicio político al exsenador de la República por alterar escudo de armas y contravenir a lo establecido en la ley.

Semanas después vino un nuevo episodio de confrontación, el cual estuvo motivado por la presunta retención de recursos federales que estaban destinados a los municipios del estado. Por este acto, legisladores del PAN y PRI presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).Desde ese momento los legisladores de oposición habían advertido que buscarían llevar a un juicio político al gobernador.

El Congreso también aprobó una reforma al artículo 120 de la Constitución Política que establece que el gobernador “no puede ausentarse del Estado por más de 30 días naturales sin autorización del Congreso del Estado o, en su caso, de la Diputación Permanente”.

Sobre este asunto, el gobernador afirmó que los diputados “no eran sus papás” por lo que no tenía que pedir permiso.

La elección del fiscal general de justicia propició un fuerte enfrentamiento con el Congreso del Estado.

El 5 de octubre, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, renunció como fiscal General de Justicia del Estado.

El Congreso del Estado aprobó una lista de cuatro perfiles de la que se votaría por el nuevo fiscal. Entre los perfiles postulados estaban el priista Adrián de la Garza, excandidato a la gubernatura, a Pedro Arce, exsubprocurador de Ministerios Públicos, Guadalupe Saldaña, exdirector de la Agencia Estatal de Investigaciones, Genaro García, exsecretario del Ayuntamiento regio.

Sin embargo, el ejecutivo vetó a Adrián de la Garza como aspirante a ocupar el cargo de fiscal al considerar que no cumplía con el perfil para encargarse de la procuración de justicia.

“Su llegada a la Fiscalía representaría el regreso de la vieja política, de aquellos que, durante décadas, saquearon a Nuevo León, de quienes necesitan tener un fiscal a modo para garantizar su impunidad y para lograrlo son capaces de cualquier cosa, incluso de poner en riesgo la seguridad de todas y todos los neoleoneses. Inclusive cuando tiene carpetas penales pendientes en la FEDE por delitos electorales y de corrupción”, fue uno de los motivos del gobierno estatal.

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Las polémicas de Samuel García como gobernador de Nuevo León

¿Qué dice Samuel García?

Sobre la aprobación de juicio político en su contra, el gobernador no se ha pronunciado. Sin embargo, semanas atrás llamó a los políticos del estado a dejar la confrontación.

“De nada sirve pelearnos, parecemos borrachitos de cantina… Nuevo León espera lo mejor de los actores políticos… por eso hoy primero de diciembre de nuevo lanzo un llamado a la unidad, a la conciliación", dijo hace unas semanas.

El Congreso de Nuevo León está compuesto por 42 diputados, de los que PAN y PRI tienen 27(64%), mientras que Movimiento Ciudadano 11 legisladores (26%).

Y la bancada naranja exige la remoción de Mauro Guerra como presidente

Legisladores del estado del partido Movimiento Ciudadano, partido del gobernador García, pidieron la remoción del diputado Mauro Guerra por no respetar su investidura como Presidente del Congreso.

"Por actuar de manera tendenciosa, facciosa e ilegal, y por actuar en comparsa con el PRIAN, la Bancada Naranja solicitó este jueves remover al prianista Mauro Guerra, de la presidencia del Congreso de Nuevo León", se lee en un comunicado.

La vicecoordinadora de la bancada de MC, Sandra Pámanes, entregó un escrito en la Oficialía de Partes para solicitar la remoción de manera formal.

En el escrito, la diputada explicó que entregó pruebas de cómo Mauro Guerra ha usado su posición como presidente del Congreso para beneficiar al PRI y PAN, violando así la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

“Mauro Guerra fue, en su tiempo, un mal presidente de su partido, pero no conforme con eso, hoy es un pesimo presidente del Congreso”, señaló Pámanes.