De mantenerse la suspensión, alegó Colín Hinojosa, se estaría afectando en mayor medida el orden público e interés social en comparación con la afectación que se ocasionaría al medio ambiente y a los buzos quejosos, quienes tramitaron el amparo 884/2022 en contra de la construcción de infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno sobre el que se proyecta dicho tramo.
Sin embargo, el pasado 22 de julio, Adrián Fernando Novelo Pérez, juez primero de distrito en Yucatán, determinó mantener la suspensión por aún existir posibilidad de impacto ambiental irreversible.
Lo anterior porque Fonatur Tren Maya solo presentó el resolutivo mediante el cual se informa que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó el proyecto, pero no así documentos como el proyecto ejecutivo ni los programas específicos de mitigación ambiental que se impusieron como requisitos previos al inicio de las obras.
“Lo cierto es que dicha autorización se emitió de manera condicionada, y entre las condicionantes establecidas se encuentran varias en las que expresamente se establece que deben satisfacerse de manera previa al inicio de cualquier obra o actividad del proyecto antes nombrado, a fin de salvaguardar el medio ambiente de la zona”, se lee en la resolución consultada por Expansión Política.
Se establecieron, detalló el juez, 26 medidas condicionantes de prevención y mitigación con el objeto de evitar, atenuar o compensar los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la preparación, construcción, operación normal, etapa de abandono, término de vida útil del proyecto, o en caso de accidente.
La presentación de tres de ellas ante la DGIRA se establecieron como requisitos previo al inicio de los trabajos. El primero son los proyectos ejecutivos definitivos de las obras asociadas al proyecto –estaciones ferroviarias, base de mantenimiento, ladero, pasarelas peatonales, pasos vehiculares, entre otros–. El segundo, los programas específicos como el de manejo integral de residuos, de conservación de suelos y reforestación, de calidad de aire, manejo de flora y fauna, ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre.
El tercero, el Estudio Técnico Económico (ETE) en donde se respalden los costos de la realización de las estrategias de control de mitigación y compensación ambiental, establecidas para el proyecto, incluyendo un desglose del monto por anualidad que se requiere para realizar todas y cada una de las acciones ambientales, consideradas en este oficio resolutivo, así como las medidas de prevención, mitigación y compensación, propuestas en la Manifestación de Impacto Ambiental.
“Este juzgador considera que si la autorización de la manifestación de impacto ambiental, fue aprobada de manera condicionada y por tal motivo se sujetó a la autoridad solicitante a cumplir una serie de condicionantes, dentro de las cuales se encuentran varias que deben satisfacerse de manera previa al inicio de las obras del proyecto de atención, ello, con la finalidad de que antes de que inicien tales obras quede debidamente asegurado que no se ocasionará un daño al medio ambiente o en su caso, que de generarse éste tenga el menor impacto posible y pueda mitigarse o resarcirse conforme a lo planteado; resulta evidente que, mientras no se acredite el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la autorización como aquellos que deben de satisfacerse de manera previa al inicio de las obras, sigue existiendo el riesgo de que si las autoridades ejecutoras del proyecto, inician o continúan las obras, se pudiera ocasionar un daño al medio ambiente que no sea susceptible de repararse ante la falta de alguna medida que debió cumplirse previamente para ello”, apunta Novelo.
