“Esta reforma, también llamada ‘Ley Ingrid’ surge a raíz de la difusión indebida en redes sociales y medios de comunicación de las imágenes de ese feminicidio ocurrido en la Ciudad de México el 9 de febrero de 2020 y la divulgación masiva del cuerpo de Ingrid mutilado que indignó a la sociedad y exigió que pararan las filtraciones del expediente de la Fiscalía, por lo que, en respuesta, esta presentó una iniciativa que tipifica de forma autónoma las conductas que realicen las personas o servidores públicos que de manera indebida revelen o difundan, imágenes, videos o grabaciones, así como archivos o información de la carpeta de investigación”, expresó.
La legisladora manifestó que las modificaciones a la legislación local están orientadas a sancionar a los servidores públicos y cualquier persona que difunda imágenes, audios, videos, documentos, información sobre la investigación penal o condiciones personales relacionadas con víctimas de un hecho de violencia; castigar la revictimización, discriminación y estigmatización contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, principalmente, que hayan sido víctimas de algún delito.
“Contrario a las interpretaciones que se han hecho y atendiendo a la exposición de motivos de la Ley, esta no atenta contra la libre expresión ni tampoco busca sancionar a sectores sociales que, aun cuando publican imágenes o difunden fotografías de las personas a quien buscan, no lo hacen con un propósito doloso, amarillista o pernicioso, sino como la suma de legítimas acciones en su búsqueda de justicia”, apuntó.
Y es que tras la publicación de esta reforma, colectivos de búsqueda como las Madres Buscadoras y Jóvenes Buscadores de Sonora criticaron los cambios aprobados y renombraron a esta ley como ‘Ley Mordaza’, esto al considerar que se buscaba sancionar el ejercicio de la libertad de expresión de los medios de comunicación y periodistas, así como a grupos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas.