El nuevo muelle de Cozumel, otro proyecto prioritario de AMLO, en problemas
Una jueza ordenó la suspensión de la obra hasta que no se resuelva de fondo el tema de la concesión que estaba en manos de un particular quien solicitó su cambio a favor de Muelles del Caribe.
El proyecto del cuarto muelle para cruceros, que se espera construir en Cozumel, Quintana Roo, cuenta con una inversión de 58 millones 617,023 pesos, y forma parte de una batería de 39 obras prioritarias para AMLO para reactivar la economía tras la pandemia de COVID. (Foto: Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro)
Ricardo Hernández
A poco más de 80 kilómetros de distancia del Tren Maya, en el Caribe mexicano, se alista otro proyecto prioritario para el presidente Andrés Manuel López Obrador que –al igual que la obra estrella del sureste– ha generado polémica por inconsistencias en los permisos de construcción, que podrían frenar definitivamente su desarrollo, y porque ambientalistas alertan que afectaría zonas donde habitan especies en protección y arrecifes de corales.
El proyecto del cuarto muelle para cruceros de Cozumel, Quintana Roo, con una inversión de 58 millones 617,023 pesos, registra irregularidades en su planeación y aprobación por parte de autoridades federales, pues no solo se pretende realizar en un área donde se prohíbe la construcción cimentada y las actividades de lucro, sino que se omitieron detalles de la concesión que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) había otorgado, al tiempo que la dependencia ignoró los impactos ambientales y zonas de protección declaradas por la misma.
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En octubre de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, el presidente López Obrador, en conjunto con la iniciativa privada, presentó una batería de proyectos estratégicos para la reactivación económica.
Se trata de 39 obras en el sector de Comunicaciones y Transportes, Energía y Medio Ambiente, que en conjunto sumarían casi 300,000 millones de pesos y que generarían empleos y bienestar para la población, además de dar un impulso para el turismo, entre ellos el cuarto muelle.
En el evento, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, explicó el paquete de 39 proyectos en comunicaciones y transportes, turismo, energía, agua potable, saneamiento y medio ambiente.(Foto: Presidencia)
Un año y medio después, la obra está en pausa hasta que la jueza Pamela López Swain, juez tercero de distrito en Cancún, resuelva las inconsistencias en el título de concesión, en manos de Muelles del Caribe, empresa encargada de la construcción, que se había otorgado antes a un particular para un uso distinto al que se requiere.
Si bien la solicitud de cambio de derechos ya se aprobó, se hizo después de que se avalara el proyecto, por lo que incumple las obligaciones que otorgó la Semarnat en un principio, razón con la que podría ser revocado.
Las irregularidades en el título de concesión
El 30 de noviembre de 2018, la misma Semarnat fue quien otorgó un título de concesión por 15 años que daba derecho a Daniel Fidelio Peraza Marfil de usar, ocupar y aprovechar la superficie de 1,144.3 metros cuadrados de la zona federal marítimo terrestre, ubicada en la Avenida Rafael E. Melgar, en el centro hotelero de Cozumel, exclusivamente para uso de ornato, es decir, para instalar a lo mucho sombrillas y camastros para recreación y sin fines de lucro, como consta en el expediente 673/QROO/2018 emitido por la dependencia.
En ese documento, en poder de Expansión Política, se establece que el concesionario debe abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de construcción y de llevar a cabo actividades relacionadas con la superficie concesionada que le genere ingresos directa o indirectamente o por conducto de terceros.
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Contrario a ello, Muelles del Caribe planea construir en este mismo punto el más grande muelle para cruceros de Quintana Roo, el cuarto que habrá en Cozumel, el destino turístico al que ya llegan más cruceros en el mundo.
De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “Muelle Cozumel, Terminal de Crucero”, en el sitio referido se planea construir una plataforma de concreto tipo muelle, la cual estará apoyada sobre pilotes con acabados en madera, donde habrá elevador, una escalera peatonal y tres escaleras eléctricas que conducirán hacia un puente peatonal.
Fue el INECC quien detectó que Muelles del Caribe no contaba con el título de concesión, cuando ingresó la solicitud. (Foto: Especial)
No obstante, la empresa falseó información al promover el proyecto de MIA sin contar con el título de concesión, el cual es un requisito indispensable. En la página 6 de la solicitud se lee: “es importante mencionar que el proyecto cuenta con la Concesión de Zona Federal Marítimo Terrestre Expediente 673/QROO/2018 con una superficie de 1,144.3856 m²”.
Fue el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) el organismo que detectó la falsedad en la información.
“La empresa Muelles del Caribe S.A. de C.V. no cuenta con el título de concesión correspondiente a la zona federal que desean intervenir. Este título pertenece a un particular, por lo que la afirmación anterior es falsa, o por lo menos es necesario consultar con un área jurídica dentro de la Secretaría para aclarar este punto", señaló el INECC en un documento consultado por Expansión Política.
La acción puede atraer problemas legales y la revocación el permiso. De acuerdo con el artículo 36 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental establece que, en caso de falsear información, los promoventes de las MIAs pueden ser sancionados con la suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes emitidas por la Semarnat.
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Si bien, la cesión de derechos del título, ya se efectuó, el cambio se hizo posterior a que la Semarnat evaluara la MIA, por lo que se mantienen las obligaciones establecidas en un principio, es decir limita la construcción de obra.
Desde el 16 de abril de 2019, Daniel Fidelio Peraza Marfil presentó ante la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría la solicitud de cesión a favor de Muelles del Caribe. Posteriormente, el 7 de diciembre de 2020, el mismo día que la Semarnat aprobó la MIA, el particular presentó una solicitud de Modificación a las Bases y Condiciones del Título de Concesión de Zona Federal Marítimo Terrestre para cambiar el uso de “ornato” a “general”, a fin de que se permitieran las obras del muelle.
Muelles del Caribe planea construir el más grande muelle para cruceros de Quintana Roo.(Foto: Especial)
Aunque el 5 de enero pasado, un mes después de aprobado el proyecto del muelle, la Semarnat autorizó la cesión del título en favor de Muelles del Caribe, tal como se notificó ese día en el Diario Oficial de la Federación (DOF), éste incumple las obligaciones contenidas en el propio título original, como evidenció también el INECC.
“De ser el caso que dicho concesionario ha cedido sus derechos y obligaciones a la empresa mencionada, este estaría incumpliendo las obligaciones expresas en el título de concesión que se le otorgó por parte de la SEMARNAT, razón por la cual se le podría revocar el mismo”, apuntó el Instituto en la opinión técnica citada.
El amparo que frena la obra
Ante las irregularidades, el Colectivo Ciudadano Isla Cozumel, con el acompañamiento jurídico del Centro Contra la Discriminación, presentaron el 26 de enero pasado el amparo 62/2022, en contra de la concesión, en el que alegan la violación al derecho a la ciudad y al medio ambiente sano.
"Abogamos por el derecho a la ciudad porque un asentamiento humano como Cozumel tiene el derecho a tener un espacio al libre esparcimiento público. En la zona donde se hará el muelle es el único espacio donde la comunidad nativa no ha sido segregada por la industria de los cruceros; es el único espacio con acceso público en todo el malecón entero”, explica en entrevista.
“Reclamamos el incumplimiento de las autoridades (Semarnat, Zofemat, SICT, SHCP) por no haber exigido todos los requisitos que tiene que cumplir una empresa para ocupar un espacio que es de la nación y que fueron vulnerados nuestros derechos al otorgar los permisos de concesión sin haber considerado una manifestación de impacto urbano ni manifestación de impacto social”, añade.
Olivia Rose, integrante del colectivo.
Pamela López Swain, juez tercero de distrito en Cancún, concedió en febrero la suspensión provisional a los quejosos y el pasado 12 de abril, la suspensión definitiva, a efecto de que no se permita la ejecución de las obras hasta que se resuelva el amparo. El miércoles 27 de abril se había agendado la audiencia constitucional, donde se resolvería de fondo el asunto, sin embargo, fue diferida hasta el 31 de mayo próximo.
Ese día, un pequeño grupo de inconformes hizo presencia en los juzgados de la ciudad para manifestar su rechazo al proyecto. “Es un acto simbólico. Está en este momento decidiéndose si el juez mantiene la suspensión que ordena el freno de obras. Y estamos aquí para pedir se cancele el muelle”, dijo el oceanólogo Adrián Villegas.
El Colectivo Ciudadano Isla Cozumel, con el acompañamiento jurídico del Centro Contra la Discriminación, presentaron el 26 de enero pasado el amparo 62/2022, en contra del otorgamiento de la concesión.(Foto: Ricardo Hernández/ExpansiónPolítica)
Para el también consultor y miembro del colectivo, no es necesario tener otro muelle en Cozumel. “No sé para que quieren otro muelle si no hay demanda”, señaló.
El municipio cuenta actualmente con tres muelles internacionales que pueden dar cabida a siete cruceros (7 posiciones de atraque en total) de manera simultánea lo cual ofrece un total de 2,555 posiciones de atraques disponibles a lo largo del año.
“De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo, el porcentaje de ocupación de estas posiciones de atraque durante el 2018 y el 2019, años previo a la pandemia asociada al SARS-CoV2, fueron, respectivamente, de 50.7 y 53.6 %, es decir, que alrededor de la mitad de todas las posiciones de atraque disponibles en la isla NO FUERON OCUPADAS”, se lee en la opinión que Villegas ingresó durante la consulta pública que realizó la Semarnat en abril de 2021.
La consulta, junto con más de 240 observaciones de ciudadanos e investigadores, también fue ignorada, dado que el proyecto fue aprobado.
Activistas acusan años al medioambiente
Al igual que con el Tren Maya, ambientalistas han denunciado afectaciones que puede causar la obra. De acuerdo con activistas, Muelles del Caribe omitió mencionar en la MIA al menos 13 especies de coral protegidas legalmente, dos de ellas clasificadas como amenazadas en la Norma Oficial Mexicana 059 ambiental, señaló Guadalupe Martín Cab, directora de la organización Conservación Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel (Cimac).
Ante el anuncio de octubre 2020, la organización civil estudió las especies de coral que se verían afectadas por las obras y el atraque de embarcaciones de hasta 362 metros de largo. En el reporte técnico realizado mediante 24 censos visuales de buzos en una superficie de más de 1,400 metros cuadrados en el área del proyecto del muelle, se contabilizaron 20 distintas especies de coral, agrupadas en arrecifes, cuando en la MIA, Muelles del Caribe enlistó apenas siete especies de coral.
Además, en el sitio se encuentran arrecifes de coral como parte de un proyecto de conservación del ambiente y “enriquecimiento de la calidad turística” de la zona, aprobado por la propia Semarnat en 2011 y cuya vigencia se mantiene hasta 2061, el cual se verá afectado pues el muelle pasará sobre estas estructuras.
En aquel año, Francisco Caamaño Rico, representante legal de la empresa Qualti, ingresó el proyecto de MIA para instalar 52 arrecifes artificiales, cuya construcción y operación por 50 años fue aprobado por Semarnat, según consta en el resolutivo emitido por la dependencia. Pese a que este se mantiene vigente y en uso, la Secretaría de Medio Ambiente ahora aprobó el muelle en el mismo sitio.
Para comprobar que ambos proyectos se empalmaban, Villegas hizo una solicitud de información, vía Transparencia, en la que pidió las coordenadas del muelle, debido a que el promovente omitió incluirlas en la MIA. Una vez otorgada la información, esto se comprobó. “En el mapa se ve el trazo del muelle que construimos con las coordenadas que nos enviaron y se ve que se traslapa con los arrecifes, con el proyecto de conservación”, explicó.
En la MIA, tampoco se comprueba que en los sitios de hincado de los pilotes se libren las comunidades de pasto marino de manatí, una especie también enlistada en la NOM-059 por estar en riesgo, según manifestó la propia Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la dependencia en su opinión técnica del 5 de diciembre.
El empresario Roberto Chami Lizárraga, cercano y apoderado legal de algunas de las empresas de la familia Caseres Molina, dueños de Muelles del Caribe, ha defendido el proyecto. En entrevista en una radiodifusora local en febrero pasado, Chami aseguró que un cuarto muelle permitirá que Cozumel permanezca como líder mundial en el arribo de cruceristas y negó que el proyecto causara impactos negativos al medioambiente.
