Hace un mes que el gobierno de México promovió un litigio estratégico contra empresas estadounidenses por la negligencia en el comercio ilícito de armas, las cuales llegan a grupos criminales y cobran la vida de miles de personas en este país.
De acuerdo con Alejandro Celorio, consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), esas empresas "se están tomando en serio" la demanda, pues ya estarían evaluando la compensación económica requerida por México.
"Las empresas nos están tomando en serio porque han pedido una extensión del litigio para evaluar la compensación económica", dijo Celorio Alcántara este jueves durante su participación en el panel México contra el tráfico de armas, organizado por el Tecnológico de Monterrey.
El consejero jurídico detalló que la compensación económica que México demanda asciende a 16,000 millones de dólares, que representa hasta el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) y corresponde a las miles de pérdidas humanas por las armas que transitan en territorio nacional. También por los daños a vehículos del Ejército y a las pérdidas económicas por las alertas de viaje que emite el gobierno de Estados Unidos.
"Este es un estimado de lo que ha costado la muerte de miles de personas, caídas de helicópteros y el golpe al turismo por cada alerta de viaje que emite el propio gobierno de EU. Pero el dinero no es lo importante, lo importante es que las empresas se hagan responsables", expresó.
El consejero señaló que el objetivo principal de este litigio, promovido ante una corte federal de Massachusetts, es que cesen las prácticas negligentes por parte de las empresas productoras y distribuidoras de armas, que se instalen monitores para saber la trazabilidad del arma y que se pongan más candados para eliminar los números de serie, entre otras medidas.
El equipo jurídico de la Cancillería lleva dos años preparándose para esta demanda, que no es en contra del gobierno de Estados Unidos ni representa las víctimas, pues sería complicado comprobar que cada bala proveniente de un arma fabricada por dichas empresas es responsable de las muertes y violencia en México.
El gobierno de México alega que sufre un daño directo e indirecto por el tráfico ilícito, que es facilitado por la omisión de las empresas.
"Nos demoramos dos años en hacerlo, pero logramos formular que, sabiendo que su producto puede ser utilizado en actividades ilícitas, no han hecho nada (...) ¿Cómo podríamos acreditar el daño de una manera causal? Hay una teoría que es alteración del orden público: la idea es que el daño es tal, que el resultado de la negligencia me permite iniciar una acción legal contra quienes están involucrados en la alteración del orden público. En México esto no existe, pero en EU sí", dijo el consejero.
Alejandro Celorio puntualizó que sin importar los resultados de la demanda, que puede resolverse en distintas etapas, en meses o años, México "ya ganó", porque está poniendo sobre la mesa la discusión de la responsabilidad que tienen los productores y distribuidores en el tráfico ilegal de armas.
"Los demandados alegarán muchas cosas, como que México es corrupto, pero nosotros estaremos presentando evidencia, como que el 95% de las armas encontradas en México son del tráfico ilegal proveniente de EU", mencionó.
El consejero detalló que esto abre la puerta para discutir otros temas que trastocan al tráfico de armas de alto poder en México y la militarización de la seguridad pública.
"Si los criminales no tuvieran fácil acceso a este armamento, seguramente las policías municipales podrían combatirlos y los militares regresarían a los cuarteles", expuso.
También se estaría analizando el problema desde una perspectiva de género: Ana Pamela Romero Guerra, directora de Derecho en el Tec, señaló que la mayoría de los feminicidios son cometidos con armas de fuego.
La directora apuntó que el 50% de las mujeres que adquirió un arma de forma legal para su defensa personal murió por impactos de esa misma arma.
Las armas no están tan estigmatizadas como las drogas. Se puede entender que alguien quiera tener un arma, pero no que alguien quiera fumar marihuana.
Wilma Gandoy, también consultora jurídica de la SRE, consideró que liberalizar la venta de las drogas implica que el consumidor asuma los riesgos, pero en el caso de las armas implica "otredad", es decir, que no tiene dominio sobre el efecto que tendrá hacia las vidas de los demás. "Esa es la diferencia entre comercializar las drogas y las armas", dijo.
El embajador y profesor del Tec, Miguel Ruiz Cabañas, destacó que, de acuerdo con cifras del INEGI, en 2020 se cometieron casi 27,000 homicidios con armas de fuego: la mayoría fueron armas de asalto y en su mayoría eran provenientes de EU.
"No hay manera de que México ponga orden, si las organizaciones criminales tienen acceso fácil a estas armas. En México tenemos una crisis humanitaria: miles de jóvenes que matan a otros miles de jóvenes y que por supuesto trabajan para el crimen organizado", indicó.
Ruiz Cabañas consideró que el gobierno de Joe Biden puede ser un aliado de México en el tema de la cooperación bilateral y combate al tráfico ilegal de armas.
Un informe de la SRE señala que en la última década han ingresado entre 2.5 y 3 millones de armas de fuego ilegales a México, y gran parte se encuentran en manos de las bandas del crimen organizado.
Las armas de asalto sí deberían ser ilegales, y debemos dejar establecido que las empresas y los distribuidores sí tienen una responsabilidad.
