El órgano electoral de NL pide 1,250 mdp, pero gobierno y Congreso le dicen “no”

Al respecto, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón descartó que pueda haber incrementos presupuestales para los órganos electorales, bajo el argumento de que las prioridades serán las áreas de salud y seguridad.

Hasta la fecha, se estima que la pandemia de COVID-19 ya ha provocado pérdidas por 10,000 millones de pesos en ingresos para las arcas de la entidad.

“No habrá incremento, no es prioridad para mí estar pensando que tenga o no ese dinero la Comisión Estatal Electoral, no puedo quitarle dinero al sector salud o al de educación o al de seguridad para dárselo a la comisión”, dijo el gobernador recientemente.

Desde el Congreso local, la petición de la CEE tampoco ha recibido apoyo.

La diputada presidenta del Poder Legislativo de Nuevo León, María Guadalupe Rodríguez, del PT, adelantó que los recursos del presupuesto para 2021 se destinarán principalmente a los sectores salud y social. El Paquete Fiscal debe quedar aprobado antes del 31 de diciembre.

“Sí sabemos que viene el proceso electoral, y sabemos que a nivel nacional y estatal se están pidiendo cantidades que a lo mejor están fuera del contexto presupuestario. Se va a hacer lo que se pueda hacer, todo mundo está pidiendo”, dijo Rodríguez sobre el tema.

“Reducir los gastos de campaña puede ser una (sugerencia), reducir los gastos del aparato, (la CEE) es un aparato también muy amplio y costoso, hay que buscar la forma”, insistió.

Para conocer la postura del órgano electoral en torno a estas negativas, Expansión Política solicitó una entrevista con el consejero presidente de la comisión, Mario Garza, pero no obtuvo respuesta.

A nivel federal, la Cámara de Diputados tampoco dio al Instituto Nacional Electoral (INE) los recursos que pedía para 2021.

En su solicitud, el INE requirió 27,689 millones de pesos para su gasto operativo, la organización de las elecciones para renovar las diputaciones federales y las prerrogativas de los partidos —que están protegidas por la ley—, más 1,499 millones de pesos para organizar la consulta popular del 1 de agosto en torno a la posibilidad de enjuiciar a expresidentes y otros exfuncionarios.

Sin embargo, la Cámara baja recortó la bolsa a 26,819 millones de pesos y también negó al instituto dinero extra para la consulta popular.