Ante esto, las voces ciudadanas reunidas en la Coalición Anticorrupción acusaron a Galván de “incompetencia” y “falta de compromiso”, por lo que pidieron su dimisión.
“Es claro que la pandemia ha afectado las actividades de todos los sectores (...) Sin embargo, estas circunstancias también sacan a relucir a aquellos oportunistas del servicio público que siguen dependiendo del erario, como es el caso de la Auditoría Superior del Estado, que de marzo a la fecha ha encontrado en la pandemia un sinfín de excusas por no hacer su trabajo”, señaló el bloque en un comunicado, en el que subrayó que la ASENL debe adaptarse a la nueva realidad.
Al respecto, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) y secretaria de la Comisión de Vigilancia, Mariela Saldívar, argumentó que la exigencia de auditar el 100% de las cuentas públicas de 2019 es para que no se queden fuera de la revisión los poderes y las instancias que más recursos ejercen.
De haber prevalecido la posición original de la ASENL, según Saldívar, 83,000 millones de pesos se habrían quedado sin fiscalizar, de los 101,000 millones que formaron parte del presupuesto de Nuevo León en 2019.
“Es muchísimo dinero que se queda fuera”, había advertido la legisladora de MC, antes de que el auditor superior finalmente cambiara de posición.
