Juana, Maribel y María Hortensia, tres mujeres indígenas, fueron detenidas el 20 de julio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, acusadas de trata de menores de edad, pero sus familiares y organizaciones civiles reclaman que su caso fue fabricado.
La detención se realizó en medio de los trabajos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para la búsqueda del niño Dylan Esaú, quien había sido sustraído en un mercado de San Cristóbal y el 13 de agosto fue rescatado en el municipio de Cintapala.
Sin embargo, organizaciones civiles advierten que las mujeres detenidas no tienen relación con el caso, y que la supuesta red de trata que desmanteló la FGE no existe, pues los 23 menores de edad "rescatados" en este contexto son familiares de las imputadas y han sido reconocidos y reclamados por abuelos y tíos.
En videoconferencia desde Chiapas, el Colectivo Cereza, acompañado por familiares de las detenidas y de los menores, acusó a la FGE de haber cometido detenciones arbitrarias y fabricar delitos en torno al caso del niño Dylan.
"Queremos denunciar el actuar sistemático y mafioso de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, la institucionalización de la detención arbitraria y la fabricación de delitos y criminalización de familias indígenas y empobrecidas", señaló Patricia Aracil, vocera del colectivo.
La activista señaló que no es el primer caso de este tipo en Chiapas, sino que la organización ya ha denunciado la situación ante instancias nacionales, estatales e internacionales de derechos humanos.
"Lo que causa más horror es que una institución que debería garantizar los derechos y la integridad (de las víctimas), como el DIF del estado, haya colaborado con la detención arbitraria y la retención de los 23 menores de edad", agregó.
Aracil señaló que la FGE tiene tres carpetas de investigación contra la familia Gómez: una por el caso de Dylan, otra contra las tres imputadas y una más contra Adolfo Gómez y su esposa Josefa, los primeros en ser aprehendidos.
Adolfo y Josefa fueron detenidos por elementos de la Fiscalía Indígena y, según se denuncia, se les sometió a interrogatorios y actos de tortura para que revelaran el paradero de Dylan.
A los pocos días de haber ingresado a un penal, Adolfo, de 65 años y abuelo de algunos niños "rescatados", murió por causas aún no esclarecidas, por lo que la familia exige que este hecho también sea investigado.
"El 15 de julio fueron detenidos mis papás, inocentes. Mi papá murió en el Cereso 5 y exigimos saber las causas (...) José Luis Llaven Abarca (fiscal de Chiapas), nosotros no le hemos hecho nada a nadie. Hay 23 niños inocentes que tienen madre y padre, hay tres mujeres detenidas injustamente", dijo una familiar de las imputadas.
La joven detalló que el 19 de julio, tras la detención de sus papás, hubo un cateo en un inmueble de San Cristóbal que era rentado por la familia y donde vivían cinco matrimonios. Las autoridades ingresaron alrededor de las 7:00 de la mañana argumentando que ahí había niños secuestrados.
"Pero ya tienen la prueba de que son niños de cinco familias que vivíamos ahí. Ellos vieron en la pobreza en la que estamos (...) Si fuéramos secuestradores no nos hubieran encontrado en esas condiciones", dijo.
Además, denunció que en el cateo les fueron robadas pertenencias y artesanías que salen a vender.
Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), consideró que con estas pruebas y testimonios queda claro que la supuesta red de trata que desmanteló la FGE no es más que una fabricación de culpables.
"Está claramente (constatado) el show y el espectáculo que armaron con esta familia para pretender justificar los errores en la búsqueda de Dylan y que, con la aparición del bebé, queda en evidencia que esto fue una fabricación de culpables ante la presión que se tenía por la desaparición de Dylan y lo que no se hizo desde el inicio", señaló.
El activista calificó de "acción criminal" cómo las autoridades han actuado contra la familia Gómez.
"Pido por favor la libertad de mi Madre, de los 23 niños y niñas (5 hijos míos) y de Juana, Maribel y Maria Hortencia que está detenidas siendo inocentes... Aún cuando Dylan ya apareció, mi padre falleció por que las autoridades no hicieron bien su trabajo..." Enereida Gómez pic.twitter.com/gHc8x82X8v
— Derechos Infancia (@derechoinfancia) August 19, 2020
"La forma en que la autoridad ha actuado es una acción criminal. Queremos responsabilizar directamente a la Fiscalía de Chiapas (por) la integridad de la familia y los niños, quienes tristemente están siendo convertidos en rehenes de este acto de violaciones a los derechos humanos", reclamó.
El 14 de agosto, en conferencia de prensa con motivo del recate de Dylan, el fiscal estatal afirmó que, desde el día en que se denunció la desaparición del niño, fueron activadas las alertas nacionales e internacionales para la búsqueda.
Sin embargo, fue hasta mediados de julio que la FGE inició operativos, luego de que la mamá del menor se movilizara a la Ciudad de México para exigir a las autoridades que localizaran a su hijo.
Cuestionado acerca de la supuesta red de explotación laboral y la familia Gómez, el fiscal del estado solo ha respondido que las indagatorias continúan.
