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La Comisión de DH de Aguascalientes impugna ante la Corte el “pin parental”

El organismo considera que es contrario a la Constitución permitir que los padres de un menor puedan impedirle ir a clases si no están de acuerdo con los contenidos impartidos en las aulas.
vie 19 junio 2020 08:05 PM
Ministros de la Corte
Los ministros de la Corte deberán revisar la norma impugnada y determinar si es constitucional o no.

AGUASCALIENTES, Aguascalientes.— A casi un mes de que entró en vigor la nueva Ley de Educación de Aguascalientes que lo habilitó, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) promovió una acción de inconstitucionalidad en contra del llamado “pin parental”.

La acción presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) busca invalidar el último párrafo del artículo cuarto de la ley, reformada por unanimidad en el Congreso local el 21 de mayo.

En él se establece: “La autoridad educativa estatal dará a conocer, de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones”.

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La CEDH presentó el recurso luego de que organizaciones civiles como el Observatorio de Violencia Social y de Género, Morras Help Morras, Colectivo Ser Gay, Centro de Capacitación para el Desarrollo Comunitario y Cultivando Género, entre otras, presionaran para que las instancias autorizadas —la comisión o una tercera parte de los diputados del Congreso— recurrieran ante la Corte.

Wilfrido Salazar, abogado del Observatorio de Violencia Social y de Género, señaló que el argumento principal de las organizaciones es que el “pin parental” viola tres principios constitucionales.

“Lo que hace es vulnerar la rectoría del Estado en los programas (...) Y por el otro lado, se viola el derecho a la educación y se vulnera el interés superior del menor”, dijo.

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La aprobación del “pin parental” en Aguascalientes también llamó la atención de organismos internacionales.

La Unicef, la Unesco y la ONUDH, junto a otros organismos, condenaron la aprobación de este mecanismo.

“Tanto las reformas a la ley existente como la nueva ley estatal (de Educación) vulneran los derechos de la infancia a la salud, protección contra la violencia y participación”, consideraron los organismos en un comunicado conjunto el 16 de junio.

Además, manifestaron preocupación por “la aparente permisividad del castigo corporal, por su carácter violatorio de los derechos de la infancia”.

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