Morena y aliados imponen a Verónica Hernández como nueva fiscal de Veracruz

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Para los panistas, su designación como encargada y su nombramiento oficial es una imposición de Morena en alianza con otras fuerzas políticas.

La confrontación deriva de que el exfiscal Winckler es muy cercano al panista Miguel Ángel Yunes, exgobernador de Veracruz, quien a su vez llevó a prisión al exfiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, a quien se señaló como parte del grupo de Javier Duarte.

Desde que se creó la Fiscalía General del Estado para sustituir a la extinta Procuraduría de Justicia del Estado, se dispuso legalmente que el titular permanecería en el cargo nueve años, con el argumento principal de que garantizaría aplicación de la ley sin importar las tendencias políticas ni el partido en el gobierno.

Bravo Contreras fue el tercer procurador de Justicia del gobierno de Javier Duarte y fue el primer fiscal a quien se le tomó protesta el 25 de febrero de 2014 por un plazo de nueve años bajo el argumento de que su trabajo sería autónomo e independiente del Poder Ejecutivo.

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Antes de asumir la Fiscalía, era titular del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (2011- 2014), y previamente había fungido como abogado litigante, y como ministerio público en algunas agencias del estado.

En 2017, ya con el panista Yunes en el gobierno, no solo había dejado la silla, sino que se ofrecía una recompensa de 5 millones de pesos información que permitiera su captura.

En junio de aquel año fue capturado y dos años después sus abogados lograron he siguiera su proceso en libertad.

Las acciones para aprehenderlo estuvieron a cargo del fiscal de Yunes, Jorge Winckler, quien asumió el cargo en 2016 y logró mantenerse en el cargo diez meses después de concluir el bienio de su amigo Yunes, pero los embates de Morena lo obligaron a desaparecer de la escena en septiembre de 2019 cuando se sabia que tenía una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de desaparición forzada.

Winckler también rindió protesta para estar nueve años en el cargo. Ahora, Morena logró colocar a alguien de su confianza en la FGE y por ley debería permanecer en el cargo nueve años.

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