La 'maniobra' que permitió ocultar el aumento de la suegra del "Bronco"

Teresa Martínez logró un aumento de salario y entrega de pensión en tiempo récord, la organización Redes Quinto Poder explican cómo se evitó que la información se hiciera pública.
En la imagen, Teresa Martínez, su yerno y gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y su hija Adalina Dávalos Martínez.

María Teresa Martínez Galván lleva más de una década en el servicio público, defiende su yerno, el gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón cuando se le interroga sobre los aumentos de salario y la pensión que recibió la madre de su esposa.

Hasta el pasado 30 de junio, la suegra de "el Bronco" figuraba en la nómina de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) de Nuevo León con

salario que alcanzó luego de solicitar licencia a su puesto para postularse como alcaldesa en 2017, en ese entonces ganaba 28,789 pesos.

Y a partir del pasado 1 de julio, se le otorgó a Martínez Galván una pensión exprés de 28,622 pesos, de acuerdo con lo documentado por organizaciones civiles y el diario El Norte.

Este miércoles, representantes de los colectivos

, y Vértebra -que denunciaron este caso ante la Fiscalía Anticorrupción del estado- fueron informados por la Contraloría de Nuevo León que una parte de la pensión de Teresa Martínez quedó suspendida como medida temporal mientras concluye la investigación, supuestamente iniciada el 1 de agosto.

En entrevista, Juan Manuel Ramos, director de Redes Quinto Poder, consideró que ese paso es una "buena señal" y explica que la historia, que tiene un trasfondo con "todas las atenuantes de corrupción", no termina aquí.

¿Cómo llegó Martínez Galván a la SSP de Nuevo León? ¿Quién le autorizó el aumento salarial y la “superpensión”? Y, ¿por qué su información como empleada de esa dependencia está protegida? El representante de la organización nos explica.

El "privilegio de secrecía" de la SSP

Juan Manuel Ramos señala que todas las condiciones indican "que se elaboró un esquema que le permitió (a Martínez Galván) estar en un área y pasar a otra en la que, por decirlo así, 'estuviera a salvo' de que su nombre saliera en alguna lista de las nóminas, tuviera los incrementos y se le ayudara para que, en el ultimo mes –previo a que solicitara su pensión por edad–, se le asignara una pensión muy generosa: 200 o 300% más de lo que originalmente iba a recibir".

El activista recordó que desde 2009 los nombres de los empleados de la SSP están bajo reserva, luego de que por varios atentados contra policías estatales se modificara la

, la cual establece en su artículo 58 que:

"La Secretaría llevará el resguardo, custodia e integración del Registro del Sistema Estatal de Información para la Seguridad Pública, que deberá incluir la información relacionada con (...) el personal de Seguridad Pública".

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Mientras que el artículo 60 de la misma legislación especifica que "la utilización de los registros se hará bajo los más estrictos principios de confidencialidad y de reserva (...) por ende, el público no tendrá acceso a la información que se contenga. El incumplimiento a esta disposición, así como el acceso a la información por parte de particulares se equiparará al delito de revelación de secretos".

Y el artículo 54 delimita los factores de riesgo a las actividades relacionadas con la seguridad pública, procuración e impartición de justicia. Como coordinadora, Teresa Martínez es beneficiaria de la reserva de su información.

La señora ni tiene el cargo que debe ni arriesga su vida, porque no es policía ni investigadora.
Juan Manuel Ramos, Redes Quinto Poder

¿Y los responsables?

Juan Manuel Ramos señaló que la Contraloría de Nuevo León puede conocer la identidad de quién aprobó el aumento salarial y la pensión de Martínez Galván, porque la ley mandata que las áreas deben firmar un documento para dar los aumentos y ascensos de los funcionarios y está facultada para revisar la información.

"Ellos sí lo pueden solicitar (la información) y ahí se muestra claramente quién es el responsable para que sea sancionado o, en su caso, diga si recibió algún tipo de presión", dijo.

Una posible coacción, de acuerdo con el dirigente de la organización, apunta al personal de Recursos Humanos de Seguridad Pública y de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración de Nuevo León.

“Lo importante de este caso es saber quiénes fueron las personas que aprobaron la movilidad salarial y la movilidad del puesto y por qué lo hicieron: si por influyentismo, relación familiar, dolosamente o por ignorancia, y que se les castigue”, puntualizó.

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El “hilo conductor” a Teresa Martínez

En las campañas de 2018, Redes Quinto Poder investigó el pasado y presente de los aspirantes en el estado de Nuevo León, entre los que figuraban los “candidatos broncos”: personas que eran servidores públicos en la administración de Jaime Rodríguez, familiares o hasta exchoferes.

A través de su plataforma

, la organización dio a conocer sus perfiles y en qué condiciones se habían retirado de la administración pública, mediante datos obtenidos a través de solicitudes de información. Ahí figuró el nombre de la mamá de Adalina Dávalos, primera dama del estado.

“Sabíamos que Teresa Martínez estuvo en otros sexenios, pero no que trabajaba en la administración de Jaime Rodríguez Calderón. Después supimos que era empleada de la SSP, pero no de qué área, porque esos datos fueron testados, en interpretación errónea de proteger los nombres de personal de Seguridad Pública”, narró el dirigente y vocero del colectivo.

Redes Quinto Poder continuó con su investigación este año, pero se ha encontrado con diversas trabas, las últimas por parte de la Secretaría de Administración que no les proporciona información debido a que se trata de una investigación penal y del ISSSTELEON, que no les ha reveldo el monto o porcentaje de la pensión congelada a Martínez Galván.

Sueldos y trayectoria de Teresa Martínez

De 2005 y hasta abril de 2012, Martínez Galván era jefa de Eventos de la Secretaría General de Gobierno, donde ganaba 27,889 pesos mensuales. En la misma

figuran otros dos parientes: Carlos Román Martínez Galván, como oficial del Registro Civil No. 2 de Santa Catarina, y Luis Concepción Martínez Galván, como director de limpia de Santa Catarina.

De octubre de 2012 a octubre del 2015, fungió como regidora del PRI en Santa Catarina. Para diciembre de 2015, solo dos meses después de la toma de protesta de su yerno como gobernador de Nuevo León, Martínez se incorporó a la Secretaría de Seguridad, donde, hasta 2017, percibía un sueldo de 28,789 pesos.

En septiembre de ese año, Martínez Galván solicitó licencia a su cargo para emprender un nuevo proyecto: postularse por la vía independiente a la alcaldía de Santa Catarina para las elecciones de julio de 2018.

Tras ser vencida en estos comicios, se reintegró a la SSP de Nuevo León con un sueldo más alto: 70,236 pesos mensuales; es decir, 144% más de lo que percibía en 2017 y pese a que estuvo de licencia por 10 meses.

“Los propios policías del estado que sí están arriesgando su vida ganan menos de lo que recibía (la suegra del gobernador) y tardarían más en alcanzar un incremento igual al que ella tuvo”, indicó Juan Manuel Ramos.

Redes Quinto Poder calcula que tendrían que pasar 32 años para que un policía de Nuevo León, que inicia con un sueldo de 15,000 tenga un incremento como el que Martínez Galván logró en solo dos años.

“Además, (los policías) tendrían que esperar su turno, como todos en la fila, para pensionarse; la señora terminó de trabajar el día último de junio y el día 7 de julio ya tenía carácter de pensionada, de acuerdo con documentos que hemos podido revisar del propio ISSSTELEON; es decir, que recibió una pensión exprés y que quizás logró por la relación familiar”.

El director de Redes Quinto Poder concluyó que si este caso se concreta favorablemente para la sociedad, sería una señal de que el gobernador cumple su palabra:

"'No ser tapadera de nadie', según sus propias declaraciones".

En tanto, Martínez Galván, quien dice que su "único pecado" es ser suegra del gobernador, advirtió esta semana, tras asistir a la Contraloría, que defenderá su pensión y tomará acciones legales contra los colectivos que la denunciaron.