La preocupación por la "Ley Garrote" ya llegó hasta la ONU

Entre sus preocupaciones por la aplicación de esta legislación, los representantes del organismo internacional hicieron énfasis en:

• Que la intervención penal utilizada es excesiva en sus consecuencias y en su limitación al disfrute de derechos humanos.

• Que el alcance de la legislación es muy amplio, por ejemplo al imponer sanciones por impedir trabajos u obras por "cualquier medio" podría considerar también los recursos legales como un delito por el solo hecho de “obstruir”.

• Que las sanciones establecidas son desproporcionadas y exageradas; por ejemplo, si la persona convoca a obstruir la obra, aumenta la pena.

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Asimismo, lamentaron que esta reforma halla sido aprobada sin un debate amplio, lo cual, señalaron, impidió llevar a cabo consultas previas con la sociedad civil y expertos nacionales e internacionales.

"(La) restricción a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica exige un examen exhaustivo y completo (...) esto permite a las autoridades tomar en cuenta los efectos que la legislación podría tener en el disfrute de los derechos humanos", explicaron los relatores.

Y aunque aplaudieron el objetivo principal de la ley (frenar la corrupción y criminalidad en torno a obras públicas y privadas), recomendaron al gobierno de Tabasco reconsiderar si el uso del derecho penal es un medio adecuado para lograrlo, considerando que se están prohibiendo y criminalizando las protestas sociales.

Los relatores especiales refirieron que la "Ley Garrote" atenta incluso contra las comunidades indígenas que se oponen a proyectos y construcciones, por lo que urgieron al gobierno de Adán Augusto López fomentar espacios adecuados para que los defensores puedan ejercer libremente su labor y sin temor a ser reprimidos.

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Por último, los representantes de la ONU pidieron al gobierno de Tabasco proporcionar información respecto a:

1. Las preocupaciones mencionadas por la Relatoría Especial de las Naciones Unidas.

2. Las medidas que tomará el gobierno del estado para asegurarse que todas las regulaciones y legislaciones adoptadas respeten los derechos humanos conforme a los estándares internacionales.

3. La voluntad de iniciar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); en caso de que no exista, explicar por qué y cómo proponen garantizar que la legislación no se aplique en violación de los derechos humanos.

El pasado 1 de agosto, entraron en vigor las reformas a los artículos 196, 299, 307 y 308 del Código Penal de Tabasco que endurecen las penas contra quienes obstaculicen obras públicas o privadas, o cometan actos de extorsión a las empresas encargadas.

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