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Ordenan detener al exsubprocurador anticorrupción de NL... por fraude

Ernesto Canales Santos es acusado de apropiarse de 6 millones de dólares cuando representaba legalmente a Paola Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo
lun 08 julio 2019 09:09 PM
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Ernesto Canales fue señalado por la viuda de Emilio Azcárraga Milmo de haberse apropiado de 6 millones de dólares que debían ser usados para su representación legal.

Un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México libró una orden de aprehensión en contra de Ernesto Canales Santos, exsubprocurador Especializado en Combate a la Corrupción del Estado Nuevo Léon, por un supuesto fraude millonario en agravio de Paula Cusi, viuda del empresario Emilio Azcárraga Milmo.

La orden de aprehensión –concedida desde el pasado 24 de junio– pesa también en contra del exsocio de Canales Santos, César Gerardo Francisco García Méndez.

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De esa manera, elementos de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX) tienen la instrucción de detener a Canales Santos y Francisco García por el delito de administración fraudulenta.

Ernesto Canales Santos fue el primer encargado de hacer frente a la corrupción en Nuevo León, nombrado por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", para investigar el presunto desfalco millonario del exmandatario estatal Rodrigo Medina.

En 2007, Canales Santos y García Méndez representaron a Paula Cusi en la disputa testamentaria de Azcárraga Milmo, en la que estaban en juego millones de dólares.

En 2012, cuatro años después de haber contratado los servicios, la viuda de Azcárraga Milmo denunció que los abogados apropiaron indebidamente de 6 millones de dólares, dinero que le fue autorizado por las acciones que disputaba.

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Con motivo de la denuncia, Ernesto Canales, ya como 'zar anticorrupción', compareció en 2016 ante el Congreso local.

“En la vida del litigio sí se recibieron 6 millones de dólares "y agregó que "esos 6 millones de dólares en buena medida no son honorarios, son por concepto de recuperación de costos”, dijo Canales en aquella ocasión.

Un año más tarde, obtuvo una suspensión para evitar cualquier acción penal en su contra bajo el argumento de que le Ministerio Público capitalino, encargado de revisar su caso, cometió omisiones en las indagatorias.

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