Jalisco se dirige a las urnas entre inseguridad y molestia social
Jalisco, el cuarto estado más poblado de México con 7.8 millones de habitantes, se encamina hacia las urnas el próximo 1 de julio en un contexto marcado por un aumento de la inseguridad, el descontento social con este problema y la posibilidad de que la entidad viva una nueva alternancia en el gobierno.
En estos comicios, los jaliscienses renovarán todos los cargos de elección locales: el gobernador, todos los asientos del Congreso y los 125 ayuntamientos.
De esas contiendas, la que más atención atrae es la que se lleva a cabo para definir a quien ocupará el lugar del actual titular del Poder Ejecutivo estatal, Aristóteles Sandoval, del PRI, quien ganó la competencia de 2012 luego de tres administraciones panistas (las de Alberto Cárdenas, Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez).
Justo hace seis años, Sandoval derrotó a Enrique Alfaro , quien para este proceso electoral regresó a la pelea y, abanderado por Movimiento Ciudadano (MC), es el puntero en las encuestas.
Alfaro y MC empezaron a preparar ese camino en las elecciones intermedias de 2015, cuando MC arrasó en 24 municipios y con ello consiguió gobernar a más de 60% de los jaliscienses en ciudades clave como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Ocotlán, Tepatitlán, Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande.
Los otros contendientes son Miguel Castro Reynoso , del PRI; Carlos Lomelí , de Morena; Martha Rosa Araiza, del Panal; Miguel Ángel Martínez, de PAN; Carlos Manuel Orozco, del PRD, y Salvador Cosío Gaona, del PVEM.
Inseguridad: el problema en la mira
El tema que se perfila como clave para las campañas es el de la inseguridad. Tan solo en el primer trimestre del año suman 415 casos de homicidio doloso en la entidad, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
La misma fuente muestra que, si bien las extorsiones han bajado y los secuestros se mantienen estables, los homicidios dolosos tienen un repunte desde 2014.
Ante una serie de asesinatos, el 7 de marzo el gobernador reconoció el problema y anunció medidas.
“Vienen días complicados, no les miento. La ola de violencia no se va a terminar. Lo que sí podemos y estamos obligados y vamos a hacer es contener, dejar la piel en el esfuerzo de impedir que esta crisis sacuda nuestra entidad”, dijo.
El 12 de marzo, el gobierno estatal intervino en el municipio de Tlaquepaque —que forma parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara— y desarmó a los policías municipales por posibles nexos con el crimen organizado. Además de este, son otras 13 las municipalidades en las que ha intervenido la administración de Sandoval.
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El golpe de las desapariciones
A la preocupación por la inseguridad en general se ha sumado la indignación social derivada de los casos de desaparición en el estado.
En particular, el caso de los tres estudiantes de cine desaparecidos —Javier Salomón Aceves Gastélum, Marco Fernando García Ávalos y Jesús Daniel Díaz García— obligó al gobierno estatal a prestar más atención al problema.
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La desaparición de los jóvenes ocurrió el 19 de marzo y desde entonces provocó marchas para exigir resultados a la gestión de Sandoval. Incluso, el mandatario dio un ultimátum a la Fiscalía General para que llegara a conclusiones en 15 días, pero esto no ocurrió.
Finalmente, a finales de abril la dependencia informó que, según sus investigaciones, los estudiantes fueron asesinados y sus cadáveres fueron disueltos en ácido, lo que provocó más manifestaciones en el estado.
Sandoval, en tanto, asumió su responsabilidad en el caso, pero familiares de las víctimas y ciudadanos dicen que esto no es suficiente.
El peso del PRI
En términos políticos, la administración estatal llega a su relevo con un gobernador que no ha enfrentado casos de corrupción como los de otros exmandatarios priistas, como Javier Duarte en Veracruz, Roberto Borge en Quintana Roo y César Duarte en Chihuahua.
Sin embargo, el hecho de que Sandoval milite en el mismo partido que ellos también lo afecta indirectamente, según advierte el profesor investigador Andrea Busoletti, quien forma parte del Observatorio Electoral de la Universidad de Guadalajara.
“Es un gobierno que no sale descalificado como otros gobiernos estatales del mismo periodo, pero pues la cercanía con esos gobernantes tampoco le beneficia”, dice el académico, quien advierte que sobre Sandoval también pesa la losa de no haber cumplido la mayoría de sus principales promesas, como mejorar la seguridad y disminuir la pobreza.
Con ese panorama, se perfila que el gobernador deba entregar el poder a un político de otro partido, a quien los jaliscienses volverán a demandar resultados y una mejora en la calidad de vida en la entidad.
