Las irregularidades
En los dictámenes la UTF detectó seis rebases a los topes de gastos de campaña en el caso de candidatos a diputados y senadores y 63 en el caso de aspirantes en las elecciones locales (gobernadores, abanderados a alcaldes, regidores) por lo que se les dio garantía de audiencia y están en plazo para presentar sus aclaraciones.
Asimismo detectó casos en los que los partidos nacionales y locales omitieron destinar el 50% de financiamiento para candidaturas femeninas, por lo que se dará vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL), la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) y al Organismo Público Local Electoral (OPL) correspondiente.
Respecto a los influencers del PVEM, se acordó agregar al dictamen los hallazgos que se tuvieron durante la fiscalización, consistentes en pagos que el partido no reportó.
De igual modo se agregarán pruebas como una relatoría de hechos y descripción de videos en el caso de unos “carruseles de depósitos” y de los que constarían evidencias grabadas.
Algunas de las conductas más recurrentes detectadas, como cada elección, fueron gastos no reportados, egreso no comprobado, egreso no reportado de representantes de casilla.
Criterios de sanciones
Los proyectos de resoluciones que serán votados por el Consejo General del INE fueron aprobados en Comisión con flexibilización de criterios: se decidió por mayoría enviar a procedimiento oficioso y resolver y sancionar en su caso después, la subsistencia de propaganda de procesos partidistas realizados incluso antes de que iniciara el proceso electoral, que se mantuvo en campaña y que por tanto pudo haber beneficiado a las candidaturas federales y locales.
Sólo como ejemplos, la propaganda de las “corcholatas” presidenciales y locales de Morena que se colocó desde 2023 y se mantuvo en las campañas hasta mayo de 2024, o la de los aspirantes opositores que se promovieron en sus propios procesos internos partidistas.
Todo eso al enviarse a procedimientos oficiosos serán sancionados en los próximos meses, y no antes de la calificación de las elecciones.
Además se acordó con voto dividido no determinar el posible beneficio que habrían obtenido candidatos y candidatas federales y locales por propaganda de intercampaña personalizada (que se colocó en los procesos internos formales a fines de 2023 y principios de 2024) que se mantuvo y pudo haber tenido impacto en la fiscalización de campañas.
En estos casos sólo se decidió “dar vista” a la Secretaría Ejecutiva del INE o los OPLES –según el nivel de elección- con el fin de que se pronuncien sobre los posibles actos anticipados de campaña.
Los consejeros decidieron también modificaciones de criterios en cuanto a los montos con los cuales se deben sancionar unas conductas, con aumento en algunos casos, pero sujetos a cambios en la sesión del lunes.
Votaron en contra de los aumentos a las multas los consejeros Jorge Montaño Ventura, presidente de la Comisión, y Ucc Kib Espadas, quienes sin embargo, ya en Consejo General suelen votar coincidentemente con la consejera presidenta Taddei y otro bloque de consejeros, para ser mayoría, lo que anticipa que prosperará la flexibilización de multas.
Así, en la sesión de la Comisión de Fiscalización se propuso aumentar las multas por gastos no reportados de 100 a 150% el monto involucrado, (como se hacía antes de 2018), pero con el voto de tres de cinco consejeros se rechazó ese cambio.
En cambio si aumentó de 50% el monto involucrado a 100% la sanción sobre egresos que los partidos reportaron opero que no comprobaron.
También aumentó ligeramente, de 10 a 15% el tope de gastos correspondiente al nivel de elección, la multa para los partidos que no presentaron informes de campaña de los periodos a fiscalizar.
El cuarto criterio establecido fue aumentar la multa de 10 a 100 Unidades de Medida y Actualización la conducta de omitir presentar informe de ingresos y gastos de campaña en el Sistema Integral de Fiscalización, aunque sí se hayan detectado operaciones.
Además prosperó un aumento en la sanción de 10 a 30 UMAS el hecho de registrar operaciones en el SIF, concluir el informe, pero no presentarlo con la formalidad de la firma de responsable.
Se mantendrá –a menos de que se vote lo contrario- el criterio de sancionar con el 40% el egreso no comprobado de candidaturas independientes.
Fue rechazada la propuesta de aumentar las sanciones consistentes en cancelación de eventos de campaña a los que acudieron autoridades del INE para verificación, haya o no informe de los partidos sobre las razones de por qué no se pudo llevar a cabo el evento, por lo que ameritará 5 UMAS.
Igualmente, por mayoría se acordó no aumentar la gravedad de la irregularidad que consiste en reportar gastos en propaganda (bardas, lonas, playeras, banderas, camisas) pero no entregar a la autoridad alguna muestra o testigo que acredite su existencia. Esta falta será considerada “formal” y n o de fondo, por lo que no impactará en mayor sanción.
La fiscalización se realizó a mil 309 candidaturas de partidos políticos o coaliciones y dos candidaturas independientes a nivel federal. En conjunto presentaron 6, 478 informes presentados a través del SIF, en los que reportaron ingresos por 3,791 millones 853 mil 285 pesos y gastos por 3, 810 millones 483 mil 912 pesos.
A nivel local la revisión se realizó a 19, 749 candidaturas de partidos políticos, coaliciones y 120 candidaturas independientes en los 32 estados, quienes presentaron 35, 501 informes en el SIF, con ingresos por 3, 750 millones 214 mil pesos y gastos por 3,630 millones 464 mil 459 pesos.
