A las candidaturas a la Presidencia de la República se les aplicará un examen. No será un test de conocimientos, sino un cuestionario con 10 preguntas para conocer qué políticas públicas en materia de educación implementarían de ganar la elección del 2 de junio.
Con esta iniciativa, titulada 10 por la Educación, las organizaciones no gubernamentales que la impulsan buscan conocer qué tan relevante es la educación en los proyectos de gobierno de quienes aspiran a gobernar el país.
La apuesta de los organizadores es obtener propuestas sólidas en educación y no generar un debate entre las candidaturas.
El evento se realizará el próximo 8 de mayo en el Papalote Museo del Niño. Ahí se les aplicará un cuestionario de manera directa a las candidaturas.
Hasta el 25 de abril solo habían confirmado su asistencia Xóchtl Gálvez, candidata presidencial de la alianza PAN-PRI-PRD, y Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano. Los organizadores esperan que Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Morena-PVEM-PT, también participe en esta dinámica.
Esta es la tercera vez que se realiza el ejercicio, que también se llevó a cabo en las elecciones presidenciales de 2012 y 2018.
Las 10 preguntas que se plantearán a las tres candidaturas se relacionan con los principales problemas educativos que enfrenta México, como cuáles son sus propuestas para recuperar y mejorar el aprendizaje del alumnado.
O cuáles son sus planes para revertir el abandono escolar y garantizar la permanencia del estudiantado hasta el bachillerato.
También preguntarán a las candidatas y al candidato qué proponen para fortalecer la educación inicial y cómo promoverán la capacitación y profesionalización del cuerpo docente.
Otras preguntas son cuál será la política para la asignación de recursos al sector educativo y para el mantenimiento de la infraestructura escolar, además de cómo garantizarán el gasto público necesario y sostenible para el sector educativo.
Ayer se anunció el Foro @10porEducacion, donde los tres candidatos tendrán oportunidad de profundizar en sus propuestas para atender los problemas educativos en México.
— Fernanda Dom. (@FernandaDom) April 25, 2024
La educación debe ser prioridad y el @imcomx se suma a esta iniciativa en aras de obtener respuestas sólidas pic.twitter.com/924aiANt1B
Respecto a ese punto, la organización Mexicanos Primero ha estimado que se necesitaría una inversión de 51,932 millones de pesos para garantizar que todas las escuelas públicas del nivel básico cuenten con servicios básicos.
Actualmente 25,890 escuelas no tienen luz eléctrica y para cubrir este servicio se requiere un gasto de 10,294 millones de pesos.
Además, 54,662 escuelas carecen de agua potable. La rehabilitación de la infraestructura hidráulica en estos planteles costaría 7,970 millones de pesos, de acuerdo con Mexicanos Primero.
Por último, 42,474 escuelas no tienen lavamanos y 50,996 no tienen baños independientes. Cubrir estas dos necesidades se llevaría una inversión de 33,668 millones de pesos.
Por eso, la organización también pide a las candidaturas presidenciales que se comprometan a difundir cuánto dinero invertirían en el mantenimiento de la infraestructura escolar.
"Lo traen en el radar los tres, pero todavía no se han comprometido a una cifra. Preguntarles cuánto porcentaje del PIB están dispuestos a destinarle a la educación", declaró Patricia Vázquez, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, en otra conferencia de prensa.
En cuanto a la educación media superior, el cuestionario que resolverán las aspirantes y el aspirante les cuestiona qué harían para que este nivel escolar sea un espacio atractivo para el alumnado.
Otras preguntas indagan en sus planes para fortalecer la formación tecnológica y para el trabajo, o qué acciones impulsarían en materia de equidad de género en la educación y en contra de la violencia en las escuelas.
Tras conocerse que la aplicación de la prueba PISA está en suspenso en México porque el país no ha participado en la prueba de campo que se aplica antes de que se levante el estudio completo, las organizaciones también preguntarán a las candidaturas si mantendrán la participación de México en esa evaluación educativa y, en general, cómo evaluarían el aprendizaje del estudiantado para tomar mejores decisiones de política pública en la materia.
