5.- Romper el paradigma de las campañas físicas y territoriales en algunos municipios. Aunque es probable que eso coarte los derechos del partido y del candidato y también de la ciudadanía, apuntó, eso se daría en condiciones de igualdad entre todos los contendientes.
“Pero, en casos muy graves, si no (se hacen esas campañas) son los grupos del crimen organizado los que atentan contra los derechos de la ciudadanía, con la modificación del resultado electoral a favor de las personas que ellos desean”, agregó.
6.- En casos como esos donde sólo haya campañas digitales, “que exista mayor disposición de tiempo aire, quizá, en medios de comunicación”.
7.- El voto anticipado por correo o por internet en algunos municipios.
“Ya sé, hay mucha gente que todavía no tiene acceso al internet, lo entiendo, pero es eso, o dejar que las personas del crimen organizado gobiernen las elecciones”, sostuvo el juzgador.
8.- Instalar centros de votación masivos en las que se junten varias secciones electorales y urnas, con seguridad reforzada. Eso hará que “ya no sea tan fácil secuestrar o incendiar una urna".
9.- Sacar las casillas del municipio o distrito. En 2018 pasó en Nahuatzen, Michoacán, donde el OPLE decidió instalarlas en el municipio de al lado, por condiciones de seguridad ante amenazas y el TEPJF validó la acción aunque la ley marca que no es posible.
10. Cambiar el cómputo municipal. Si las casillas se remiten al Consejo Distrital para el cómputo respectivo, abundó, se evita la intervención del crimen organizado.
