Ajenos a sus responsabilidades en el Congreso, diputados y senadores oficialistas y de oposición decidieron solicitar licencia para lanzarse a buscar nuevos cargos de representación popular, o dedicarse a apuntalar las campañas electorales de sus partidos para las elecciones de junio próximo.
Sólo en noviembre y diciembre han solicitado licencia 13 legisladores: 10 de ellos para buscar posiciones para la Presidencia de la República, gubernaturas y a alcaldías.
En la fiebre de candidaturas están sumados cientos de legisladores que pretenden ser reelectos para continuar ocupando un espacio en ese poder; en la Cámara de Diputados, de 500 legisladores son 471 los que quieren repetir, es decir 94.2%.
En el Senado son 90 de los 128 los que quieren quedarse; el 71% busca seguir ocupando un escaño otros seis años.
A pesar de su interés de mantenerse en el Poder Legislativo, el dato contrastante es que –en el camino de sus aspiraciones– los legisladores dejaron un rezago pendiente de 50 minutas de carácter relevante –entre cientos más– que ya fueron aprobadas por una de las dos cámaras y están pendientes en la otra.
En el Senado se dejaron sin resolver 142 nombramientos pendientes, tanto de magistrados regionales y estatales electorales, como de tribunales fiscales y agrarios, e integrantes de organismos autónomos.
En la Cámara de Diputados también quedaron el 84% de las iniciativas pendientes de dictaminar, sólo de esta 65 Legislatura.
En materia de formación de cuadros, el Senado de la República ha sido tradicionalmente una cantera de políticos que de ahí saltan a cargos de gobierno. En esta legislatura, destaca el caso de Xóchitl Gálvez Ruiz, quien dejó la Cámara alta para convertirse en precandidata presidencial de la Coalición Fuerza y Corazón, que reúne a Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Además, esa Cámara solía ser trampolín de gobernadores desde los tiempos en que el Revolucionario Institucional (PRI) era mayoría.
Esa situación no ha cambiado y de los once senadores con licencia que ahora son gobernadores, al menos una par más busca seguir ese camino: se trata de Alejandro Armenta, de Puebla, quien pidió licencia al pleno el pasado 14 de diciembre, y Eduardo Ramírez Aguilar, quien se separará del cargo el 1º de febrero de 2024 para buscar la gubernatura de Chiapas.
Igual camino siguió José Francisco Yunes Zorrilla, diputado federal del PRI, quien solicitó licencia el 12 de diciembre para irse de precandidato tricolor a la gubernatura de Veracruz.
También pidieron licencia en sus cargos la senadora Kenia López Rabadán, del PAN, quien se separó del cargo el 1 de diciembre para fungir como jefa de la oficina de Xóchitl Gálvez, y el diputado morenista Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, delegado en funciones de presidente de Morena en Sonora, quien además se anotó para buscar la senaduría.
También se han ido a las campañas políticos de Movimiento Ciudadano. Como la senadora Verónica Delgadillo García, precandidata a alcaldía Guadalajara.
Y el diputado de MC y aspirante a jefe de gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, quien solicitó licencia a partir del 1 de diciembre pasado.
En la Cámara de Diputados otros que se han ido hasta ahora son la secretaria general del PAN y legisladora Cecilia Anunciación Patrón; en este caso, ella pidió licencia a partir del 15 de noviembre para buscar la alcaldía de Mérida, Yucatán. El mismo día se fue el morenista Aguilar Castillo, de Sonora.
La diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del PRI, hizo lo mismo el 6 de este mes para irse de precandidata al gobierno de Jalisco por la coalición Fuerza y Corazón de México.
En la sesión de la Comisión Permanente, este 19 de diciembre, quienes se fueron de licencia fueron el morenista Shamir Fernández Hernández, quien va en pos de la alcaldía de Torreón, Coahuila.
El diputado de Morena José Luis Elorza Flores solicitó permiso para poder buscar la postulación para alcalde de Tapachula, Chiapas, y el panista Mario Riestra Piña se fue para buscar la presidencia municipal de Puebla.
El chapulinaje en esta legislatura ha tenido dos casos emblemátticos: el del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, quien el 8 de diciembre de 2012 asumió como mandatario estatal para el periodo hasta 2018
Pero en junio de 2018 su partido, el Verde Ecologista (PVEM) modificó de última hora su lista de candidatos plurinominales al Senado de la República para incluir a Velasco como candidato en el segundo lugar de la lista.
Aunque la Constitución federal prohíbe a los gobernadores ser candidatos durante su mandato, el exmandatario lo fue y el 30 de junio el Instituto Nacional Electoral (INE) avaló su registro como abanderado con el argumento de que la prohibición aplica para las candidaturas a cargos de mayoría y no de representación proporcional.
En agosto de ese año el Congreso de Chiapas modificó la Constitución local para permitir que Velasco se fuera de licencia del cargo el 28 de agosto y días después, el 1 de septiembre de 2018 asumiera como senador, cargo que ocupó cuatro días pues el 4 de septiembre pidió licencia y volvió al gobierno chiapaneco.
El Congreso local nombró a Velasco Coello como gobernador sustituto de sí mismo. Regresó al Senado en septiembre de 2019 y pidió licencia este año, en junio, para irse de gira como una de las “corcholatas” que buscaron la postulación presidencial, pero al no conseguirla ya regresó a su escaño.
El otro caso se presentó en Durango y recientemente dio origen a una propuesta de reforma a la Constitución del estado para impedir el chapulinaje.
Se trata del presidente municipal de Durango, José Ramón Enríquez Herrera, quien fue de Morena y ahora es de Movimiento Ciudadano. En 2022 rindió protesta como senador de la República, luego pidió licencia y regresó como alcalde. Hoy de nuevo ocupa su escaño en el Senado.
Por ello el diputado local del partido del Trabajo, Rigoberto Quiñonez Samaniego, propuso una reforma para exigir que para la postulación de presidentes, síndicos y regidores de los ayuntamientos estos obligatoriamente renuncien definitivamente de su cargo 90 días antes del día de la elección y no sólo pidan licencia, con el fin de evitar “chapulines”.
También en el pasado ha habido casos que se han resuelto en tribunales para exigir que legisladores concluyan sus periodos y no salten a otros cargos.
Esa fue la circunstancia que enfrentó la priísta Ivonne Álvarez García, exalcaldesa de Guadalupe, en Nuevo León, quien prometió concluir su gestión pero en enero de 2012, a unos meses de concluir, en octubre de ese año, solicitó licencia al cargo para buscar un escaño en el Senado.
La ciudadana Dinorah Cantú Pedraza solicitó un amparo para revocar la licencia, lo que le fue concedido vía una suspensión temporal y la alcaldesa tuvo que reasumir el cargo, al que nuevamente solicitó licencia más adelante.
Compitió y ganó la elección al Senado de la República, donde fungió como senadora tras ganar su caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación S(CJN), pero dejó inconclusa su gestión y también pidió licencia a ese cargo, en 2015. Hoy es diputada local.
El caso se repitió el mismo año con la alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara, del PRI, quien pidió licencia tras 18 meses en el cargo, para irse al Senado.
En ese caso el recurso fue promovido por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), mismo que demandó a la funcionaria por sus reiteradas licencias a sus encargos, en búsqueda de posiciones cada vez más altas. Araujo perdió la elección pero ganó el recurso y fue senadora, pero por la vía plurinominal.
