Quieren recursos, aseguran
La Cámara de Diputados recortó al presupuesto del Tribunal Electoral para 2024 unos 267 millones de pesos, aunque el Tribunal había hecho una propuesta de gasto 25% menor con relación a 2018, por políticas de austeridad decididas autónomamente.
En su carta, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, quien había anunciado que mañana fijaría su posición, la adelantó hoy al insistir en que no renunciará y exponer seis supuestas razones que están detrás de la exigencia de su renuncia, entre estas –apunto– el supuesto rechazo a la austeridad. Incluso acusó a los magistrados de pedir vehículos nuevos con costo mayor al autorizado.
Los tres magistrados inconformes –apuntó– “giraron oficios para dejar sin efectos la inspección” que la Visitaduría del Tribunal Electoral realizaría a la Secretaría General de Acuerdos, cuyo titular fue nombrado a petición de los magistrados Fuentes y de la Mata.
Las medidas que "generaron la molestia" son:
a) La Comisión de Administración modificó las reglas que permitían a las magistraturas y a su personal de apoyo viajar en primera clase. Ahora se ha regulado y restringido el gasto en viáticos y pasajes aéreos internacionales. Por ejemplo, la compra de pasajes para magistraturas en categoría business debe ser excepcional y justificada. Además, se pide reducir al mínimo el gasto en personal de apoyo que los acompaña y el número de días que dura cada comisión.
b) Se modificó la normatividad que posibilitaba a las magistraturas disponer de hasta ocho vehículos. Con las nuevas reglas estos se han reducido a cinco.
c) Se estableció un límite a dos dispositivos para pago de peaje (TAGS) en carreteras y autopistas urbanas para uso de magistraturas.
d) Se han fortalecido los mecanismos de registro y control de la dotación de combustible a los vehículos oficiales para garantizar que sean utilizados exclusivamente para las actividades de carácter institucional. En ese tenor, normativamente se ha reducido en un 71% los montos máximos para combustible.
e) Se ha procurado la máxima economía, eficiencia y funcionalidad en la adquisición de bienes y servicios. Por ello. por ejemplo, se dejó de contratar a un tercer acreditado para la elaboración de programas internos de Protección Civil, los cuales ahora realiza la Dirección General de Protección Institucional. Esta medida generó un ahorro de un millón de pesos por año.
f) Se reguló el otorgamiento de apoyo de vales de alimentos para que estos se limitaran a un máximo de 15 por mes y sólo se otorguen a personal operativo y de mando medio cuando no pueden acceder al comedor institucional. Adicionalmente, se eliminó un fondo de alimentos que permitía a mandos superiores del Tribunal disponer de ocho salarios mínimos mensuales (aproximadamente 24,000 pesos) para sus gastos de alimentación.
g) Ante algunas solicitudes verbales para la compra de vehículos cuyos precios exceden los límites establecidos en el Acuerdo General de Racionalidad y Austeridad del PJF, se requirió a las magistraturas solicitar la excepción por escrito a fin de someterla a consideración de la Comisión de Administración.
