El financiamiento público se destinará para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, así como para la creación o fortalecimiento de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
“En el caso del financiamiento no podrá otorgarse a las mujeres menos de 50% del financiamiento público con el que cuente cada partido o coalición para las actividades de campaña. Mismo porcentaje se aplicaría para el acceso a los tiempos en radio y televisión en periodo electoral”, establece el acuerdo aprobado por el Consejo General.
Y es que el acceso al financiamiento ha sido uno de los grandes obstáculos para las políticas mujeres, quienes han manifestado en diferentes estudios que realizan campañas con menos recursos materiales y humanos que sus equivalentes hombres, lo que representa un costo adicional para su participación política y un piso disparejo.
Ejemplo de ello es el proceso electoral de 2021, cuando los partidos políticos locales “omitieron” destinar 12,981,125 a candidaturas de mujeres. La Unidad Técnica de Fiscalización del INE corroboró que 91 candidatas fueron afectadas al asignarles un porcentaje menor a 40%; 22 contendieron a diputaciones locales y 69 a presidencias municipales.
Al impulsar un financiamiento paritario tiene como objetivo que los partidos políticos destinen la misma cantidad de recursos a los hombres y mujeres y con ello se fortalezca el principio constitucional, estimaron los consejeros.
