INE investigará los gastos no permitidos durante la revocación de mandato

“Si hubo algún actor político que no se apegó a la ley, será sancionado”, advirtió el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello durante la sesión extraordinaria celebrada este martes.

La consejera Carla Humphrey comentó que los trabajos de revisión se abocaron en la recopilación de las firmas de apoyo al ejercicio revocatorio y en los gastos realizados durante la promoción y difusión del mismo.

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De tal suerte, se hallaron 106 publicaciones en medios impresos de comunicación, las cuales se encuentran amparadas por la labor periodística y la libertad de expresión, así como 1,280 publicaciones en redes sociales, de las cuales 1,036 fueron en Facebook.

Además, 1,363 elementos propagandísticos detectados en los recorridos ordinarios de vía pública y 259 elementos más detectados en recorridos extraordinarios, los cuales comprenden lonas, espectaculares y pinta de bardas.

“Los hallazgos detectados permiten tener por acreditado que el gasto por contratación de publicidad asciende a 6 millones 162,842.83 centavos”, indicó la consejera.

En cuanto al universo fiscalizable, dijo que de los 280 sujetos obligados correspondientes a los Comités Ejecutivos Nacionales (CEN) del PAN, PRI, PRD, Morena, PT, MC y PVEM, así como de partidos con registro local, la autoridad tiene evidencia de que se presentaron 234 informes de manera oportuna; 17 extemporáneos y 29 no se presentaron.

Aunado a ello, se acreditó que el gasto total de los partidos políticos durante el ejercicio de democracia directa ascendió a 44 millones 351,799.25 centavos.

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De su lado, el consejero Ciro Murayama anotó que los ejercicios de democracia directa que se han impulsado en los últimos años para robustecer la democracia en el país. “No puede ser la puerta trasera para la opacidad en el dinero de la política ni para la corrupción financiera”, dijo.

Aclaró que el INE no pretende “patear el balón”, sino hacerse cargo de los hallazgos que documentó la Unidad Técnica del Instituto.

El consejero Jaime Rivera dijo que se trata de “un informe de hallazgos. No es concluyente y en este momento, al menos no resulta vinculante. Es descriptivo. Son resultados de observación de monitoreo y solicitudes de emplazamientos de información para establecer hechos”.

De estos hechos, dijo, podrían derivarse algunas conductas que probablemente constituyan infracciones a la normatividad para este proceso de participación ciudadana.