Eduardo Galaviz, del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, explica que es uno de los congresos locales más caros por un candado en la Constitución local que señala que su presupuesto no se puede reducir, porque se establece que no pueden recibir un presupuesto menor al que el año anterior.
El Poder Legislativo local ha estado en medio de polémicas debido a la aprobación y ejercicio de recursos por concepto de “ayudas sociales” que no han sido transparentadas.
El año pasado, cuando hubo elecciones intermedias (ayuntamientos), se aprobaron 75.5 millones de pesos (mdp) para este concepto, mientras que para este 2022, con elecciones de gobernador, se aprobaron 99.5 mdp. Con lo anterior, se desprende que 2 de cada 10 pesos presupuestados al Legislativo se gastarán en ayudas sociales.
En ninguna de las 55 fracciones del Artículo 75 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, mediante el cual se establecen las facultades del Legislativo, se encuentra la atribución para otorgar “ayudas sociales” directas a la población.
Estas polémicas ayudas sociales ha generado críticas debido a que el rubro se ha mantenido aunque se han comprobado ejercicios muy por arriba de lo aprobado, opacidad y discrecionalidad en el manejo de la bolsa millonaria.