Durante la sesión pública celebrada este jueves, el Pleno determinó que no existen pruebas de que el Ejecutivo Federal haya ordenado el diseño, publicación y difusión del referido material.
Los magistrados concluyeron que el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y el jefe de Departamento adscrito a la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia de México, sí incurrieron en la difusión de la referida propaganda gubernamental durante la “veda” de la revocación de mandato.
Lo anterior, dado que, al ser los responsables, entre otros, de la estrategia de difusión en las redes sociales del gobierno federal, debían verificar que los datos a publicar no violaran las reglas que rigen el mecanismo revocatorio.
En tal sentido, se dio vista al Órgano Interno de Control de la Presidencia, para que determine la sanción a que haya lugar.
