La FGR abre investigación en contra de los "influencers" del partido Verde

Una historia repetida

En agosto de 2015, un grupo de artistas y deportistas difundió en Twitter durante la llamada veda electoral y el día de los comicios federales intermedios las propuestas del PVEM, lo que le valió una multa de 7 millones de pesos.

Quienes tuitearon fueron exonerados pues ante el Tribunal Electoral no fue acreditado que recibieron dinero por sus cadenas de tweets

Pero esa sanción -entre otras que recibió en esas mismas elecciones- libró al partido de la pérdida de su registro, una medida que también pidieron algunos consejeros.

El 12 de agosto de ese año, el consejo general determinó por siete votos a favor y cuatro en contra de los consejeros San Martín Ríos y Valles, Arturo Sánchez Gutiérrez, Javier Santiago Castillo y José Roberto Ruiz Saldaña, que las presuntas irregularidades no eran graves para acreditar la pérdida del registro del partido.

Así, el partido del tucán continuó en el mapa electoral de México, con alianzas partidistas que no distinguieron ideología y con el mismo tipo de estrategias.

Seis años después, la historia se repitió, pero ahora, con más luz, pues una de las participantes reveló en una disculpa pública que, en efecto, recibió dinero por "postear" un mensaje a favor del Verde.

En una transmisión de Instagram, Fernanda Moreno, también conocida como Fershy, exintegrante del "reality show" Acapulco Shore, reconoció que recibió 10,000 pesos “o al menos ese fue lo que se pagó a mí”.

Quienes hicieron campaña a favor del Verde en 2021 son actores de televisión nacional, cantantes y creadores de contenido como Crystel Loga, Daniel Bautista, Ceci Álvarez, Celia Lora, Bárbara de Regil, Mully y Empuraa, entre otros.

Esta vez, en las redes sociales se difunden esfuerzos colectivos para denunciar al partido. teCheck, una organización con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores en línea, le envió una carta al consejero Ciro Murayama.

La organización lo conmina a un debate para aprobar una ley que regule la propaganda política a través de influencers y le recuerda que lo ocurrido en en 2021 es la misma estrategia del Verde en elecciones pasadas.

"Los influencers hacen propaganda y publicidad sin transparentarla, etiquetan la cuenta del PVEM para generar nuevos seguidores y, aún peor, promueven su preferencia política durante un periodo prohibido para hacerlo", se indica en la misiva.

La misma actitud

El Partido Verde agradeció las muestras de apoyo de sus simpatizantes en redes sociales e Instagram y los conminó a evitar cualquier mensaje durante la jornada comicial del 6 de junio.

La mañana del domingo 6 de junio, el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión, exclamó: “Lamento y condeno la conducta del Partido Verde”, al exponer que se trata de un nuevo desafío a la autoridad electoral, como hace seis años.

“Se ordena al PVEM que realice las acciones necesarias, suficientes e idóneas con el fin de evitar la difusión de los mensajes analizados, así como otros de la misma naturaleza”, informó Murayama.

Además, enfatizó que se les pidió a los titulares de las cuentas que suspendan de forma inmediata la difusión de los mensajes relativos al “Verde”, porque “son ciudadanos que están violentando la norma”.

Sanción o pérdida del registro

Para la exconsejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Pamela San Martín, la estrategia de campaña del PVEM en 2015 “era la violación de las reglas electorales, pongámoslo así (…) y, esa misma conducta la vemos nuevamente en 2021”.

Esto es -recuerda la especialista en asuntos electorales- “en 2015 hubo un no cumplimiento de las medidas cautelares a lo largo de ese proceso electoral. Lo que había era una práctica sistemática y deliberada de violaciones a la Constitución y a la Ley como mecanismo y estrategia de campaña”.

Pero ese año, el consejo general del INE, asent´o en su sentencia respecto a los actos del PVEM: “Sin pretender menospreciar la gravedad de las conductas cometidas por el Partido Verde y su actitud desafiante a la autoridad y a las reglas del juego democrático, los ilícitos en que incurrió, analizados en su conjunto y desde la perspectiva de los elementos que informan a la causal de pérdida de registro, no pusieron en riesgo la supervivencia de nuestra democracia”.

También resolvió que tampoco “obstaculizaron ni impidieron que la ciudadanía participara en la vida democrática, a través del voto (activo y pasivo); que los órganos de representación política se integren, ni que se acceda a los poderes públicos”.

San Martín recuerda que “algunos consejeros consideraron que la pérdida de registro de un partido no le corresponde al INE sino a los ciudadanos en las urnas. Mi posición siempre fue que la ley es la que establece las causales por las que se pierde un registro, aunque se trataba de una sanción extrema”.

Lo que ocurrió en el tribunal por anomalías de 2015

En octubre de 2016, la sala superior confirmó por unanimidad la resolución del consejo general que determinó que no ha lugar declarar la pérdida de registro del Verde y le ordenó integrar un registro sistematizado de las faltas cometidas para prevenir que en el próximo proceso electoral las realice de nueva cuenta.

Los magistrados estimaron que las violaciones a la normativa electoral en que incurrió el PVEM, con el fin de obtener un beneficio, fueron sancionadas y tuvieron un efecto disuasivo y oportuno con lo cual garantizaron que no se afectara la equidad en la contienda electoral.

Antes, en abril de ese año, la misma sala determinó que el partido sí era responsable por su participación en la publicación de los mensajes que hicieron a su favor personajes como Andrea Legarreta, Miguel Herrera, Gloria Trevi y Aleks Syntek.

Con la decisión, el TEPJF revocó la resolución de la Sala Regional Especializada del Tribunal que había determinado inexistentes las infracciones atribuidas al instituto político por la difusión de propaganda a través de Twitter.

En tal sentido, en julio de ese año, multó al Verde con 150,715 pesos al Partido Verde por el apoyo que famosos le manifestaron a través de Twitter de durante la veda y el día de los comicios federales del 7 de junio.

Y resolvió que es existente la infracción atribuida a dicho instituto político por el principio de culpa in vigilando, por lo que lo sancionó con más de 250 mil pesos y a Raúl Osorio Alonzo, otrora candidato suplente de ese partido a diputado en el Estado de México, lo sancionó con 50,472 pesos.

Además, exoneró a los personajes del medio artístico y deportivo que difundieron mensajes por las redes sociales en pro del Verde, entre otros, Galilea Montijo, Miguel “El Piojo” Herrera, Daniel Bisogno, Shanik Berman e Irán Castillo.

2021: investigación en curso

Pamela San Martín, experta en temas electorales, refiere que tras las medidas cautelares dictadas por al Comisión de Quejas del INE, ahora corresponderá a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE realizar una investigación, con respeto a las garantías del debido proceso de todos los involucrados.

Después, el asunto se deberá turnar a la Sala Regional Especializada del TEPJF “es la que determina si hay una infracción o no y, en su caso, cuál es la sanción que corresponde y valorar la magnitud de la posible afectación”.

La LEGIPE establece las sanciones a los partidos políticos, las cuales van desde una amonestación pública, multa de hasta 10 mil UMAS, la reducción de hasta el 50% de las ministraciones de financiamiento público, interrupción de la transmisión de propaganda político-electoral durante un determinado tiempo.

Y, en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de la Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de los recursos o la cancelación de su registro como partido político.

“Digamos que se podría acreditar para ésta última, porque estamos ante casos graves y reiterados de conductas violatorias a la Constitución de la Ley”, consideró San Martín.

Insistió: "Yo nunca compartí la resolución de 2015 y en el 2021, se tendrá que ver cuáles son las circunstancias que se allegan del caso y que se le presentan a la Sala Regional especializada”.

Explicó que en el caso de los influencers, “en un primer momento no es la condcuta de los individuos en sí misma, sino la actuación del partido (…) y ver si hay una responsabilidad directa del partido o si se puede acreditar una responsabilidad que se llama culpa in vigilando, es decir, una culpa por adecuada vigilancia de los militantes del partido o si no se acredita una conducta irregular”.

Pamela San Martín expuso: “De los elementos de prueba que existían se advierte una posible campaña sistemática que pudiera afectar los bienes y valores del ordenamiento jurídico y esto no es nuevo, ya pasó en 2015”.