Con esto, los aspirantes a una candidatura federal rumbo a la elección del 6 de junio, no deberán haber sido condenados o sancionados por violencia familiar, por agresiones de género, delitos sexuales o contra la libertad sexual, o bien, ser morosos alimentarios, de lo contrario, se procederá a cancelar su registro.
Ciro Murayama, consejero electoral, celebró la aprobación del Acuerdo, pues permitirá verificar que no solo se trate de un dicho de los candidatos “sino contar con elementos de que lo que se dijo de buena fe (en el formato), es verídico”.
A propuesta de Murayama Rendón, se determinó que un grupo interdisciplinario del Instituto hará una verificación mediante una muestra representativa aleatoria en los 32 estados, de los expedientes de los 8,500 candidatos de todos los partidos para que no haya ningún sesgo hacia uno u otro.
El grupo estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Instituto y será integrado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Dirección Jurídica, con el apoyo de las juntas locales y distritales.
Al respaldar el proyecto, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, destacó que el Instituto “va con todo en contra de la violencia” y dejó claro que si algún candidato quedara fuera de la muestra, ello no lo excluye para siempre de una posible verificación.
